Detienen a un policía por distribución de material de abuso sexual infantil

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), de 31 años, fue detenido en Salta, luego de que descubrieran que almacenaba más de 60 mil archivos con imágenes de abuso sexual infantil en sus dispositivos digitales. De esta manera, se puso al descubierto el funcionamiento de una red de distribución de material ilícito que operaba a través de sistemas P2P.

La investigación, que se enmarca en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, permitió identificar la actividad delictiva y avanzar en la imputación del hombre, que fue acusado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos.

Durante la audiencia de imputación, el acusado, asistido por un defensor oficial, optó por abstenerse de responder las preguntas formuladas por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Por este motivo, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que el imputado permanezca detenido mientras continúa la investigación.

Según la reconstrucción de los hechos brindada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la detección de la actividad ilícita fue posible gracias al sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS). Se trata de una plataforma dedicada a combatir la explotación sexual infantil y a colaborar con entidades internacionales para la protección y rescate de niños, niñas y adolescentes.

A través de este sistema, se obtuvo información detallada sobre el tráfico de imágenes, incluyendo la dirección IP utilizada para el intercambio, la empresa proveedora de servicios, el titular de la cuenta, la fecha y hora de la actividad, la aplicación P2P empleada, el identificador o Hash de los archivos, el usuario reportado y la ubicación geográfica. De esta manera, las autoridades solicitaron un permiso para realizar un allanamiento en el domicilio del investigado.

Este procedimiento permitió el secuestro de toda la evidencia digital, donde se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que el acusado intercambiaba y distribuía mediante redes P2P. Este tipo de redes, conocidas como Peer to Peer, funcionan como programas de intercambio de archivos que permiten compartir documentos de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado actúa tanto como servidor como cliente, lo que facilitaría el almacenamiento y la descarga directa entre usuarios.

Por este motivo, las autoridades subrayaron la necesidad de generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de identificar y neutralizar a quienes participan en actividades vinculadas a la pedofilia, así como de proteger a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, enfatizaron la relevancia de denunciar cualquier actividad sospechosa y de fomentar el compromiso en todos los ámbitos, especialmente en el familiar y escolar.

A finales de agosto, se desplegó de manera simultánea en quince países de América, con un fuerte despliegue en Argentina, donde las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales ejecutaron 49 allanamientos en doce provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por presuntamente estar involucrados en una red de explotación sexual de menores.

Esta acción, enmarcada en la “Operación Internacional Aliados por la Infancia 5”, buscó desarticular organizaciones dedicadas a la transmisión y producción de material ilícito, según informaron fuentes judiciales. Se trató de un operativo que incluyó procedimientos en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En el caso de Argentina, la investigación se concentró en objetivos localizados en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán, abarcando así una amplia geografía nacional.

En la provincia de Buenos Aires, la coordinación estuvo a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, liderado por Eleonora Weingast de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General. Bajo su dirección, se realizaron nueve allanamientos, con la participación de fiscalías de los partidos de Azul, Bahía Blanca, Lanús-Avellaneda, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón y San Isidro.

Durante estos procedimientos, las autoridades identificaron a 13 personas sospechosas: doce varones y una mujer, con edades comprendidas entre veintinueve y ochenta años, además de dos menores de edad convivientes. Asimismo, una persona fue detenida y se incautaron nueve computadoras, veintitrés dispositivos de almacenamiento, quince teléfonos móviles, una consola PlayStation 3 y una cámara HD, todos considerados elementos de interés para la investigación.

Las pesquisas no se limitaron a la descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, sino que también abarcaron la tenencia, la posible producción y casos de grooming. Las actuaciones en territorio bonaerense se ajustaron al “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (red 24/7)” y contaron con la coordinación de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.