Buscan un financista para sostener Aguas Palau 

Desde hace cuatro meses los trabajadores no cobran sueldos, no tienen aportes ni cobertura de seguros. Trabajo abrió una conciliación y el Ministerio de la Producción salió a buscar otra firma que se haga cargo.
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Trabajadores de la concesionaria de las fuentes de agua mineral Palau, en el departamento Rosario de la Frontera, llegaron hoy a la Capital de Salta para una nueva audiencia de conciliación entre el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Agua Gaseosas y Afines (SUTIAGA) y la patronal, en la Secretaría de Trabajo de Salta en el marco del conflicto suscitado por incumplimientos de la firma. Además, la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo del Ministerio de Producción de Salta intimó al directorio por la "situación irregular" que viene arrastrando.

En enero de 2018, el Gobierno de Salta firmó el contrato de concesión para la activación productiva de las fuentes de agua mineral Palau ubicada en el departamento de Rosario de la Frontera. La concesionaria que quedó a cargo fue la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Agropecuaria Las Garzas SA, Victorio Ricardo Binda y Alberto Artur de la Villarmois.

En el momento de la concesión, en la gestión anterior, se afirmó que la UTE quedó seleccionada porque “posee las aptitudes profesionales y los recursos técnicos y económicos necesarios para ser la concesionaria de la explotación en los términos y condiciones estipulados por la Provincia”. Sin embargo, esta descripción quedó lejos del testimonio de una de las representantes de los trabajadores, quien pidió no difundir su nombre por temor a represalias.

Catorce trabajadores se desempeñan en el edificio ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Rosario de la Frontera. De ese número, doce se movilizarán hoy a la ciudad de Salta la audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo de Salta.

“Nuestra situación se agravó en estos cuatro meses, pero nosotros venimos con problemas en el año en que toman la concesión”, manifestó. Contó que desde la nueva conducción y en relación a la situación laboral “nunca se cobró en los primeros diez días” del mes, pero aseguró que los empleados optaron por “aguantar hasta que vayan haciéndose al rubro”.

La trabajadora dijo que entre los socios actuales estaban Eduardo Noman y Luciano Di Tella. En junio de 2018 la provincia aprobó el contrato constitutivo de la sociedad Aguas del Rosario SRL que tiene entre sus socios fundadores a Artur de la Villarmois, Luciano Nicolás Francisco Di Tella y Carlos Eduardo Noman, según consta en el Boletín Oficial de Salta.

“Empezamos el reclamo cuando se accidentó un compañero de trabajo porque caímos en que no estábamos cubiertos por alguna aseguradora de riesgo de trabajo (ART)”, detalló. El hecho ocurrió en octubre de 2018 cuando el trabajador se movilizaba por la ruta nacional 34 para llegar a la empresa. “Como vamos por ruta, es peligroso el camino y sobre todo, porque no hay buena iluminación”, explicó la vocera.

Tras ese siniestro vial, los trabajadores también advirtieron que no tenían obra social. “Ellos se hicieron cargo de los gastos de este señor, pero también fue la agonía y la insistencia de su familia de pedir una respuesta”. Según la trabajadora, el accidentado quedó con una discapacidad y entró en un estado de depresión.

Estos primeros pedidos no fueron solucionados y a ellos se sumaron el pago tardío de los salarios y la falta de insumos para trabajar. “En este tiempo parece que se desentendieron de la empresa y nosotros cumplimos con presentarnos a trabajar”, afirmó. A lo que añadió que no les dicen nada, "si van a cerrar o se continúa. Nada”.

El 2019 “fue caótico”, describió. El abono de los haberes ya era en tres o cuatro cuotas, incluso llegando a finalizar el pago en el mes siguiente. “La íbamos peleando y con reiterados reclamos ante la falta de seguridad social nuestra”. La trabajadora contó que la empresa se acogió a una moratoria de la AFIP, en los pagos previsionales.

Esa acción posibilitaba el uso de la obra social. Sin embargo, sostuvo que la dirección empresarial pagaba tres meses seguidos y dejaba de abonar. La trabajadora explicó que el uso de la obra social se puede hacer con tres meses de antigüedad, "pero ellos se volvían a atrasar y ya no podíamos usarla". "Nos hemos pasado dos años sin obra social y eso consta en el expediente generado en la Secretaría de Trabajo y AFIP”, graficó.

Al conflicto salarial se sumó que “la empresa empezó a decaer por la falta de mantenimiento de la infraestructura y la maquinaria”. Durante 2019 “empezó el deterioro y ahora que no hacemos nada, están cada vez peor”. La inacción también se debió a la falta de compra de insumos en este 2020. “Desconocemos los motivos” de esa decisión, “sólo tenemos trascendidos de que entre los socios hay conflictos, pero eso no es nuestra tema”, aseguró.

Con la pandemia “ellos nos dejaron de pagar totalmente y ni siquiera nos daban $500 para el combustible que nos permitiera llegar a la empresa”. “Se escudan en la pandemia cuando esto viene desde hace dos años”, cuestionó la empleada. La empresa no abonó el salario de marzo, a pesar de que en febrero se trabajó normalmente.

“Más allá de la pandemia nosotros tenemos un problema de trasfondo porque esta gente no se presenta y la última vez que vimos a alguno de los socios fue en mayo de 2018”, subrayó la empleada. En la empresa sólo está el gerente general, Francisco Alderete. “Él nos dice que está en la misma situación que nosotros porque no sabe nada. No sabe qué hacer y no tiene ninguna novedad para darnos”, manifestó.

La empleada dijo que tras el constante reclamo un compañero "está internado por hipertensión” por el desgaste físico y psicológico al que están expuestos. Algunos de los empleados ya cumplen más de 30 años en la empresa, a modo de ejemplo, la persona que se accidentó está por jubilarse.

El pago de los haberes en los meses de cuarentena y distanciamiento social fue únicamente desde el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El depósito de 16 mil pesos fue otorgado por la Nación para abril, mayo y junio.

Ante una nueva audiencia de conciliación los trabajadores insisten en que se les diga si les pagarán, a pesar de que “ellos (la patronal) directamente se manejan en el silencio total”. La semana pasada, los trabajadores realizaron una manifestación en las puertas de la empresa. Ante la no respuesta, la trabajadora describió la situación como “desesperante”.

Además, puntualizó en que la falta de producción y el abandono de las maquinarias imposibilitan que otros inversores vean en la embotelladora Palau una posibilidad solvente de inversión. “Realmente en funcionamiento se sabe que es un negocio viable, pero si ven la planta, la verán deteriorada”, subrayó. “Las personas que quieran invertir verán que los costos de reparación se van a agrandar”, agregó.

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