Robo y contrabando de rieles: condenan al hijo del exintendente de Morillo

La jueza de Revisión Mariana Catalano homologó mediante acuerdos de juicio abreviado las condenas del hijo del exintendente de Morillo, un comerciante y un gendarme, y dispuso la elevación a juicio respecto del exjefe comunal Atta Miguel Gerala y de un policía, en el marco de la investigación por el robo de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en la zona del Chaco salteño, su contrabando a Bolivia y el pago de coimas.

Las condenas fueron solicitadas por el fiscal general Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Roxana Gual.

El primero de los acuerdos -dado a conocer en una audiencia del 3 de diciembre- derivó en la condena de Miguel “Yopi” Gerala, hijo del exintendente del municipio de Coronel Juan Solá (también conocido por Morillo), Atta Miguel Gerala.

Gerala hijo recibió una pena de 6 años de prisión al ser considerado coautor del delito de “contrabando de mercadería -exportación e importación- agravado por la cantidad de personas intervinientes, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado, en concurso real con los delitos de cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda”.

En el mismo acuerdo fue condenado el comerciante David Edilberto Medina, también a 6 años de prisión como coautor de contrabando de mercadería (exportación) agravado en concurso real con encubrimiento de contrabando y cohecho activo. Además, se dispuso su inhabilitación para ejercer el comercio por el plazo de 5 años.

En tanto, en la audiencia del 12 de diciembre, la jueza Catalano homologó un segundo acuerdo alcanzado por la fiscalía con la defensa de Jorge Fernando Cabrera, quien se desempeñaba como sargento de Gendarmería Nacional. Cabrera fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo.

Asimismo, la magistrada declaró admisible la acusación penal formulada por la fiscalía contra el exintendente Atta Gerala, imputado por contrabando de mercadería triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, por tratarse de un funcionario público y por el valor de la mercadería, en concurso real con robo agravado, y malversación de caudales públicos.

La misma decisión se adoptó respecto del oficial ayudante de la Policía de Salta, Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefe del Destacamento de Pluma de Pato, y deberá responder por cohecho pasivo, porque se le atribuye haber recibido coimas.

La jueza dispuso la elevación a juicio y estimó una expectativa de pena de 11 años de prisión para el exintendente y de 3 años para el policía. Ese debate será llevado adelante por un tribunal colegiado.

El fiscal Villalba recordó que esta investigación se inició el 23 de agosto de 2024 a partir de una denuncia presentada por personal del Correo Argentino, que reportó como sospechoso el envío, mediante encomiendas, de más de 480 cubiertas comercializadas por Medina, quien desarrollaba su actividad en la ciudad de Orán.

Encima, el comerciante tenía antecedentes por encubrimiento de contrabando. Con escuchas telefónicas y tareas de campo, se estableció que ingresaba ilegalmente neumáticos provenientes de Bolivia,y los comercializaba en el país.

Se determinó además que Medina había comenzado a exportar ilegalmente rieles que eran sustraídos del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el tramo comprendido entre las estaciones de Padre Lozano y Morillo, en el Chaco salteño.

Una estructura montada

Dado que los rieles son patrimonio federal y que se encontraba vigente la prohibición de exportación de material ferroso dispuesta por el decreto 70/23 del Poder Ejecutivo Nacional, la fiscalía buscó identificar a los proveedores de este material.

Establecieron así que Medina tenía un proveedor que se jactaba de disponer de una estructura organizada para el saqueo de los rieles y para trasladarlos hasta un galpón ubicado sobre la calle Alberdi al 900, en la ciudad de Orán, donde el comerciante lo acopiaba.

En julio de 2024 la fiscalía recibió una denuncia que señalaba al hijo del entonces intendente de Morillo como principal responsable del robo de rieles. Esa información fue corroborada mediante el análisis de comunicaciones en las que Miguel Gerala le aseguraba a Medina que tenía rieles sustraídos en las zonas de Pluma de Pato, Dragones y Morillo.

La investigación determinó el saqueo sistemático de esas vías férreas, y que la participación de Gerala hijo, que utilizaba a habitantes originarios como mano de obra para extraer los rieles.

Asimismo, se constató que para esas tareas se empleaban maquinarias, herramientas y una camioneta perteneciente al municipio que gobernaba su padre. Sobre este aspecto, el fiscal recordó que Gerala hijo alardeaba de la influencia política de su apellido y llegó a manifestar ante Medina: “Nadie puede traer más que yo”.

El fiscal destacó que los integrantes de las comunidades originarias de la zona que reconocieron haber sido contratados por el hijo del intendente, quien les pagaba 10 mil pesos por la extracción de los rieles. Estas tareas se realizaban en distintos horarios, incluso durante la noche, utilizando grupos electrógenos.

Como evidencia, Villalba mencionó mensajes extraídos de teléfonos celulares y un video filmado por el propio Miguel Gerala, en el que se observa a una cuadrilla trasladándose en una camioneta tras la extracción de rieles, material que luego era ofrecido al comerciante.

Según la imputación, la cobertura para la comisión de los robos era brindada por el oficial ayudante Rodríguez, quien se encargaba de “liberar la zona” para evitar controles mientras se extraían los rieles, una tarea que demandaba tiempo y logística.

También se estableció que parte del material robado era resguardado en predios municipales e incluso en el domicilio particular del entonces intendente, donde se secuestraron 15 rieles valuados en aproximadamente 19 millones de pesos, en allanamientos realizados en noviembre de 2024.

El circuito delictivo se completaba con el traslado del material a Bolivia a través de una finca privada cuyo fondo colinda con el país vecino. En esta etapa final se comprobó la participación de Cabrera, quien se encargaba de “limpiar la ruta” para permitir el paso de los camiones con el material robado sin inconvenientes.

Al finalizar su exposición, el fiscal remarcó la gravedad de los hechos, que se cometieron, dijo, en gran parte a partir de la influencia derivada del poder político que ostentaba el exintendente, quien fue destituido el 20 de noviembre de 2024, ocho días después de haber sido formalmente imputado por el Ministerio Público Fiscal.