El acceso al aborto legal y gratuito cayó un 17% en Salta durante 2024

Este 30 de diciembre se cumplieron cinco años de que el aborto dejó de ser clandestino para convertirse en un derecho. En ese marco, Salta vuelve a mostrar una escena conocida, donde la ley está vigente, pero su cumplimiento es frágil, desigual y, cada vez más, condicionado por la falta de recursos, de información pública y de voluntad política. Así lo advirtió el nuevo informe elaborado por Ciudadana Comunicación a partir de datos oficiales del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), que registra por primera vez una caída significativa en el acceso a la IVE/ILE desde la implementación plena de la norma.

Según el relevamiento, el recorrido del aborto legal en la provincia tuvo una curva clara de crecimiento entre 2021 y 2023, con un pico histórico de 5.180 interrupciones voluntarias del embarazo en ese último año. En cambio, en 2024, la cifra descendió a 4.371 prácticas, lo que representa una caída del 17%. El informe alertó que no se trata de una disminución de la demanda, sino del impacto directo de un contexto marcado por el recorte nacional de insumos, el desmantelamiento de programas de prevención y el silenciamiento estatal.

Lo cierto es que la provincia aún no entregó los datos correspondientes a 2025, pues aseguraron que aún se encuentran en el cierre de año. Aún así, la falta de información pública actualizada se suma a un escenario de opacidad que impide dimensionar con precisión qué está pasando hoy con el acceso efectivo al derecho.

Crecer, frenar, retroceder

Los datos muestran que entre 2021 y 2023 el sistema de salud salteño logró ampliar el acceso, garantizar interrupciones tempranas y acompañar una reducción sostenida de la maternidad adolescente. Más del 70% de las IVE se realizaron antes de la décima semana de gestación, con un pico absoluto en la semana 8, lo que desmiente los discursos que asocian el aborto legal con prácticas tardías o riesgosas.

Ese patrón se sostuvo incluso en 2024. Sin embargo, el análisis mes a mes deja ver el punto de quiebre, ya que durante ese año, varios meses quedaron por debajo de las 300 prácticas, con junio y diciembre como los registros más bajos desde la implementación de la ley.

El informe advirtió que este descenso coincide con el primer año completo del actual gobierno nacional, que dejó de comprar grandes cantidades y distribuir medicamentos claves como el misoprostol y mifepristona, además de reducir de forma drástica la provisión de métodos anticonceptivos. En ese escenario, la responsabilidad de sostener la gestión recayó sobre las provincias. En el caso de Salta, se encontraron sin los recursos necesarios y sin la voluntad política para hacerlo, según denunciaron profesionales de la salud y grupos feministas de la provincia.

“La ley se sostiene con militancia”

Para la médica de familia Macarena Villena, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la sanción de la ley marcó un antes y un después, pero nunca estuvo acompañada de una decisión política firme en Salta. “Nunca hubo una bajada de línea clara del Ministerio de Salud Pública. La ley se sigue sosteniendo con la militancia de quienes decidimos estar en los efectores”, señaló.

Recordó también que antes de la Ley 27.610, el acceso estaba limitado a causales y obligaba a las personas gestantes a justificar su decisión. “La ley eliminó esa exigencia. Hoy alcanza con el pedido de la persona, y eso es un cambio enorme”, explicó. Con la sanción de la norma, en el país el derecho a decidir se distingue a partir de dos tipos de interrupciones. Por un lado, la interrupción voluntaria (IVE) hasta la semana 14 inclusive, sin necesidad de explicar motivos. Por el otro, está el caso de la ILE (interrupción legal), que se ejerce a partir de la semana 15 en adelante, cuando el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

Si bien remarcó que la ley eliminó la exigencia de causales, sostuvo que ello trajo una medicalización de la consulta. En ese sentido, la médica aseguró que “antes trabajábamos mucho en equipos con trabajo social y psicología. Hoy muchas de esas consultas recaen solo en las médicas, cuando son situaciones que requieren acompañamiento integral, sobre todo en términos de salud mental y contexto social”.

Villena advirtió que la implementación siempre fue desigual y que el escenario se agravó desde 2024. “Provincia está comprando medicación, pero no es la misma cantidad que cuando se ocupaba Nación. Pasan largos períodos sin insumos y muchas veces las personas tienen que comprarlos, lo cual va en contra de una ley que dice aborto legal, seguro y gratuito”, remarcó.

A eso se suma otro problema estructural, que es el incumplimiento de las obras sociales. La médica denunció que “cubren la medicación, pero no tienen efectores”, por lo que, son las efectoras públicas quienes terminan “atendiendo en el sistema público a personas con obra social porque no les garantizan la práctica”, explicó.

Violencias que persisten

Desde las organizaciones feministas el diagnóstico es todavía más crudo. Verónica Liendro, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista y articulante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Salta, sostuvo que el acceso hoy está atravesado por múltiples barreras. “Hay medicación cuando provincia compra, pero no alcanza para la demanda. Muchas veces las compañeras tienen que salir a comprar”, señaló. Ya en septiembre de este año, la Campaña denunció que actualmente muchas personas no pueden acceder la práctica segura de aborto “porque tiene un costo aproximado de entre 150 y 180 mil pesos, que va en crecimiento”.

“Esto también lleva a que las personas vuelvan otra vez a los abortos inseguros, clandestinos y corran peligro de vida”, denunció. Liendro aclaró que el problema no es solo material, pues también denunció prácticas sistemáticas de violencia institucional, que van desde demoras intencionales, falta de respuesta, objeciones de conciencia encubiertas y malos tratos durante las intervenciones. “Se dilatan los turnos, no responden los mensajes, pasan meses. Eso es violencia. Y también pasa en las prácticas, como no colocar la anestesia necesaria, hacer sufrir a las chicas. Es violencia, es histórica lamentablemente y sigue pasando”, afirmó.

La Campaña presentó pedidos de informes ante el Ministerio de Salud provincial entre agosto y septiembre de este año, pero “nunca hubo respuesta”, subrayó Liendro. Aseguró que desde entonces la situación no mejoró: “Todo sigue igual”.

Mientras el total de IVE disminuye, hay un dato que se mantiene alto y que enciende alarmas: las interrupciones en niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años. En 2024 se registraron 83 casos, una cifra similar a la de 2023. En términos legales, un embarazo en menores de 15 años se presume producto de abuso sexual.

Entre 2020 y 2024, al menos 103 niñas accedieron a una interrupción legal del embarazo en Salta. En muchos de esos casos, el sistema de salud fue el único espacio donde la violencia pudo ser detectada. Para las organizaciones, el dato dialoga directamente con la falta de políticas de prevención y con el desmantelamiento de programas como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), que nació durante el gobierno de Mauricio Macri (2017), tuvo continuidad en la gestión de Alberto Fernández y se cerró hace este año bajo el gobierno de La Libertad Avanza.

El Plan nació para luchar contra los embarazos adolescentes y se aplicó en 12 ciudades del país que registraban los índices más altos de embarazo adolescente no intencional. En Salta, se ejecutó en centros urbanos de Capital y Orán. “En solo cinco años, el plan había conseguido un resultado histórico: reducir a la mitad la tasa de embarazos adolescentes en los territorios donde se aplicaba. Pero hace apenas un mes, el gobierno de Javier Milei, decidió darle el golpe final y cerrarlo, después de vaciarlo sistemáticamente de recursos humanos y presupuestario”, advirtió un informe de agosto de Ciudadana Comunicación.

Menos anticonceptivos, más riesgo

El informe anual 2025 del OVcM confirmó el retroceso, pues dio a conocer que en 2024 la distribución de implantes subdérmicos cayó un 93,2% en Salta: de casi 5.900 en 2023 a apenas 400. A nivel nacional, fue el registro más bajo de la última década en preservativos y anticonceptivos hormonales.

“El desabastecimiento golpea a los mismos grupos que concentran mayor demanda de IVE e ILE: adolescentes, jóvenes y personas en contextos de mayor vulnerabilidad”, alertó el informe. Para Villena, el efecto ya se ve en los territorios: “Estamos volviendo a ver abortos clandestinos, mal uso de medicación, situaciones sin acompañamiento médico. Por eso es clave repetir que la ley sigue vigente”.

Lo cierto es que, a cinco años de la sanción de la 27.610, los datos evidenciaron que la ley salvó vidas, permitió prácticas tempranas y redujo la maternidad adolescente. Pero también exhibió un presente marcado por el retroceso. “Es muchísimo mejor tener la ley que no tenerla”, dijo Villena, “pero la historia de quien necesita un aborto se tiene que resolver hoy, no mañana”.

Desde la Campaña, Liendro coincidió al sostener que “vamos a seguir en las calles, en los barrios, dando información. La ley es ley, pero necesitamos un Estado que la cumpla”. En Salta, el derecho existe. Lo que está en disputa es su acceso real, insistió.