Explotación sexual en escuelas de Salta: inhibieron bienes de los imputados

Atento a la gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas, que hasta fines del año pasado llegaba a 33, el defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, solicitó al juez federal Julio Bavio que ordene la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de garantizar la correspondiente reparación integral de las jovencitas.

En ese sentido, y según surge de la resolución emitida de manera favorable por el juez, la medida requerida está contemplada por tratados y otros instrumentos legales que tienen reconocimiento internacional en materia de Derechos Humanos, los que, básicamente, reconocen el hecho de que las víctimas tienen derecho a una reparación por el daño sufrido en materia del delito de trata de personas, por lo que el Estado Argentino está obligado a garantizar dicha reparación.

Como se sabe, la red de trata sexual de alumnas de colegios secundarios de esta ciudad fue el caso que más conmovió el año pasado a la provincia, como así también tuvo trascendencia nacional, dada la edad de las menores, el hecho de que provenían de colegios, tanto públicos como privados y, sobre todo, por los vejámenes y prácticas sexuales a las que eran sometidas por los imputados, los que, hasta el momento, ascienden a 10, incluido un menor de edad.

Entre los argumentos esgrimidos por el defensor Escandar, quien representa a varias de las víctimas, se menciona el tenor de las evidencias ya recolectadas y que llevaron al fiscal general, Eduardo Villalba, a imputar y ampliar la acusación en contra de nueve de los acusados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y “una multiplicidad de otros delitos”, como ser del abuso sexual, tenencia y distribución de pornografía infantil, asociación ilícita y promoción y facilitación de la prostitución de menores.

Sostuvo que, dadas las evidencias, existen una gran probabilidad de que los hechos imputados “hayan ocurrido” como lo narraron las numerosas menores, cuyos relatos fueron aterradores respecto al movimiento de esta red de trata, el lucro de la misma por parte de uno de los acusados y el sometimiento sexual que se infringía a las víctimas, del cual se favorecían el resto de los imputados.

En vista de ello, señaló que, ante la enorme carga probatorio, existe un riesgo de que los acusados intenten insolentarse a través de distintas maniobras dirigidas a desprenderse de bienes y patrimonios, a fin de evitar así hacer frente a las demandas de reparación por parte de las víctimas.

En cuanto al cálculo del daño, Escandar indicó que, por el momento, aún es prematuro realizar una estimación del perjuicio. No obstante, remarcó que, con la inhibición general de bienes, de manera proporcional y razonable, permitirá la efectivización de la reparación integral a las víctimas.

En coincidencia con estos fundamentos, el magistrado dispuso la medida, la cual se impuso sobre los diez imputados. En tal sentido, cabe señalar que, entre los acusados, hay varios comerciantes, un miembro del Ejército, y dos propietarios de empresas, una gráfica y otra del rubro de materia de construcción.

Hasta fines del año pasado, el fiscal general amplió la imputación penal de todos los imputados, con excepción del menor, cuya situación aún está por verse, pues existen rasgos por los que podría ser considerado otra víctima de la red montada por los acusados.

Como se sabe, todo se inició con la maniobra de un remisero, quien se aprovechó de la confianza de padres de menores de edad que asistían a un colegio secundario de la zona sur, para insinuarles a las alumnas la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero por servicios sexuales, los que luego llamó “hacer la onda” y por los cuales la tarifa iba de 30 a 200 mil pesos.

Con el tiempo, el remisero incorporó a otros cómplices y formó una asociación estable con, al menos, cinco de todos imputados, los que inducían a las menores a captar a más alumnas y que, sobre todo, consigan jovencitas menores, incluso de 12 o 13 años.

Los servicios sexuales se cometían en la casa de los acusados, o bien, en moteles alojamientos ubicados en la ruta 26. Para ello, en algunos casos, los acusados hacían que las adolescentes se escondieran en el baúl del auto para evitar los controles de dichos locales.

La red, de esta manera, se tornó estable y captó a alumnas de otros colegios, incluso privados. Los sometimiento y vejámenes sufridos por las menores fueron descriptos como aberrantes, pues algunas de ellas eran obligadas a prácticas sexuales violentas y de todo tipo.

Para mantenerlas en ese circuito, uno de los imputados solía proveerles drogas, mientras que otro las filmabas y, con eso, las mantenían amenazadas para que, por uno lado no develen el accionar delictivo, y por otro, sigan dentro de ese ámbito sexual infantil.