Defensores Públicos salieron al cruce de la postulación de Ada Zunino

La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina solicitó formalmente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que la designación del próximo Defensor o Defensora General de la Provincia se "ajuste a criterios técnicos estrictos y a los estándares internacionales en materia de Defensa Pública".

La nota, fechada el 2 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y firmada por el presidente de la entidad, Adolfo Sánchez Alegre, y su secretario general, Diego Stringa, plantea que quien asuma la conducción del Ministerio Público de la Defensa en Salta debe contar con “trayectoria, formación y experiencia acreditada en el ejercicio de la Defensa Pública”, como condición indispensable para garantizar independencia funcional y política.

El peso institucional de ADePRA
ADePRA es el espacio colectivo más amplio del país que nuclea a defensores públicos oficiales, secretarios letrados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa. Incluso, en la misma nota destacan que es la segunda asociación más numerosa de América Latina, detrás de la de Brasil.

La entidad integra el Bloque de Defensores Públicos del Mercosur y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y forma parte de sus respectivos consejos directivos. En particular, AIDEF tiene a su cargo la designación, mediante concurso público, de los defensores públicos interamericanos que actúan ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ese encuadre institucional es utilizado por la asociación para respaldar su planteo: la Defensa Pública —subraya— es un “pilar esencial del Estado de Derecho y de la democracia constitucional”, especialmente en la protección de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Estándares internacionales y advertencia institucional

La carta que enviaron a Sáenz recuerdan que la Organización de los Estados Americanos ha emitido reiteradas resoluciones instando a los Estados miembros a fortalecer la Defensa Pública Oficial como un servicio autónomo, independiente, especializado y eficiente. Esos lineamientos, afirman, se apoyan en instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional en Argentina, conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

En ese marco, ADePRA sostiene que, aunque la Constitución de Salta no establece un procedimiento de selección mediante concurso público con participación ciudadana y acuerdo legislativo por mayoría calificada —como sí ocurre en otras jurisdicciones—, ello “no resulta óbice” para que la designación observe estándares sustantivos de idoneidad técnica y especialización funcional.

La advertencia es clara: más allá del margen político que la normativa provincial otorga al Ejecutivo, la legitimidad institucional del cargo exige experiencia comprobable y sostenida en el ámbito específico de la Defensa Pública.

Un mensaje en medio del proceso de designación
El pronunciamiento se produce en la antesala de la designación de la actual Jueza de Garantías, Ada Guillermina Zunino, en la Defensa Pública en reemplazo de Martín Diez Villa luego de haber sido designado en la Corte de Justicia.

ADePRA cierra su comunicación reiterando su disposición al diálogo institucional y a la cooperación interjurisdiccional, pero deja fijada una posición concreta: la conducción del organismo no debería recaer en perfiles ajenos a la práctica y cultura institucional de la Defensa Pública.

El mensaje, formal y técnico, introduce un componente de presión institucional en un proceso que, si bien es político por naturaleza, impacta directamente en la estructura de garantías del sistema judicial salteño.