El plan contempla líneas de crédito para el comercio y turismo por más de $1.000 millones; beneficios en hotelería, gastronomía y comercios y una línea de reestructuración de deudas.
Quieren que el Comité contra la Tortura y el Observatorio sean ad honorem
El proyecto oficialista propone que los representantes del Estado trabajen ad honorem. Se trata el martes en la Cámara de Diputados.
Un proyecto de ley del oficialismo que será tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados de Salta propone avanzar sobre un recorte salarial. La iniciativa plantea que los representantes designados por los poderes del Estado en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) y en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura pasen a cumplir funciones ad honorem, es decir, sin percibir remuneraciones.
La iniciativa modifica las leyes provinciales 7863 y 8024 y tiene como eje central la reducción de gastos estatales vinculados a cargos institucionales. El proyecto lleva la firma de más de 30 diputados del bloque Todos por Salta, entre ellos Esteban Amat Lacroix, Enzo Alabi, Laura Cartuccia, Guillermo Kripper, Gustavo Orozco, Germán Rallé, Patricio Peñalba, Nicolás Taibo y Fabián Valenzuela.
En el caso del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, creado por la Ley 7863, el proyecto establece que las personas designadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados deberán desempeñar sus funciones sin sueldo.
Ese organismo tiene la misión de producir información y análisis para el diseño de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género en la provincia. Su integración también incluye una representante de la Universidad Nacional de Salta y otra de organizaciones de mujeres legalmente constituidas que trabajen sobre violencia de género.
Actualmente, el directorio del Observatorio está integrado por Ana Pérez Declercq, representante de la Universidad Nacional de Salta; Florencia Sánchez, representante de Diputados: María del Pilar González Sastre, designada por el Poder Judicial; y Natalia Fuentes, representante del Senado provincial. Es decir que solo no quedaría alcanzada Pérez Declercq por el cambio.
La otra modificación central alcanza al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, organismo creado por la ley 8024 para monitorear las condiciones de detención y garantizar el cumplimiento de estándares internacionales vinculados a personas privadas de libertad.
Ad honorem
El proyecto mantiene la integración de cinco miembros, pero redefine el esquema salarial interno. La iniciativa dispone que los representantes designados por la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo pasen a cumplir funciones ad honorem. Solo conservarán remuneración los dos integrantes designados por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, quienes seguirán percibiendo un salario equivalente al de un director del Poder Ejecutivo provincial.
Actualmente, el Comité está presidido por Rodrigo Solá, representante de organismos de derechos humanos; el vicepresidente es Ramón Rosa Corregidor, representante de la Cámara de Diputados. También integran el organismo Cristina Cobos, representante de la Asociación de Derechos Humanos "Lucrecia Barquet", y Andrés Giordamachi, representante de la Cámara de Senadores. Quedarían ad honorem Corregidor y Giordamachi
La iniciativa además elimina un punto clave de la legislación vigente: las incompatibilidades para los miembros del Comité contra la Tortura. Actualmente, quienes integran ese organismo no pueden ejercer otras actividades remuneradas, públicas o privadas, salvo tareas de docencia, investigación académica o capacitación.
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