Otra vez, Salta prorrogará la ley de emergencia por violencia de género

El Senado de Salta analizó en la Comisión de la Mujer, Género y Diversidad, junto a funcionarias provinciales y representantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) las políticas públicas ejecutadas para mitigar la violencia de género en la provincia.

El análisis se hizo en el marco del tratamiento de un proyecto de prórroga de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio provincial, dado que la Ley 7.857, sancionada originariamente en 2014, tiene vigencia solo hasta el 8 de septiembre. Según se informó, en la reunón de se analizaron requerimientos presupuestarios, la demanda de asistencia legal y psicológica y la necesidad de sostener los dispositivos de contención que funcionan bajo la órbita estatal.

En el encuentro, encabezado por la titular de la Comisión, la senadora Leonor Minetti, y del que participaron otros senadores, tres funcionarios de la Subsecretaría de Géneros, Mujeres y Diversidad, Julieta Valencia Donat, Álvaro Vanetta y María Antonia García, afirmaron que la prórroga es necesaria para continuar con las políticas públicas que viene ejecutando el gobierno provincial.

También participaron tres representantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, su presidenta, Ana Pérez Declercq, y las directoras Natalia Fuentes y Pilar González Sastre.

Las dos primeras presentaron los registros estadísticos que fundamentan la necesidad de sostener la emergencia. Subrayaron que en 2025 las denuncias registradas en la Oficina de Violencia Familiar y de Género aumentaron casi un 93% respecto de 2016, mientras que en el Sistema Único de Denuncias casi 3 de cada 10 casos corresponden a violencia familiar o de género.

A su vez, señalaron que en los primeros siete meses de 2026 registraron siete femicidios, igualando el total de todo 2025.

Las directoras también advirtieron sobre los datos de la Unidad de Flagrancia, donde un tercio de las intervenciones corresponde a esta problemática y casi cuatro de cada diez ocurren en horario nocturno.

En ese sentido, alertaron que menos del 50 % de los municipios sostienen áreas específicas de género tras haber sido absorbidas por Acción Social y plantearon la creación de un Sistema Provincial de Acompañamiento Integral que designe referentes territoriales para guiar a las víctimas en los trámites judiciales y sanitarios, evitando la sobreoferta estatal que se limita únicamente a la denuncia inicial y deja sin seguimiento el resto del proceso.

La Ley 7.857 habilitó la creación de juzgados y fiscalías especializadas, la implementación de botones antipánico, la conformación de equipos interdisciplinarios y la coordinación entre distintas áreas del Estado para la asistencia a las víctimas.

El proyecto de prórroga, de autoría de Minetti y Alejandra Navarro, amplía la vigencia de la emergencia por violencia de género por dos años a partir de su vencimiento, facultando al Poder Ejecutivo para disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para sostener las medidas, programas y servicios esenciales frente a esta problemática.

Informe del Ejecutivo

En su intervención la subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat, resaltó que la prórroga de la ley resulta indispensable para respaldar las dos tareas fundamentales de la Subsecretaría a su cargo: la atención de las violencias y las políticas de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad. En ese sentido, subrayó la obligación del Estado de mantenerse presente para igualar oportunidades ante el cese de partidas nacionales, al tiempo que priorizó avanzar en un esquema de capacitación policial especializada en articulación con el área de Seguridad, por constituir la fuerza de seguridad el primer contacto de auxilio de las personas damnificadas.

Por su parte, la directora de la Agencia de las Mujeres, María Antonia García, expuso sobre las líneas de acción formativas y comunitarias impulsadas desde esta Agencia, destacó que en lo que va de este año se dieron capacitaciones para 640 personas en el marco de la Ley Micaela, con la próxima incorporación de un agente de inteligencia artificial para optimizar las instancias formativas. Asimismo, detalló el funcionamiento del área de Diversidad, el Programa de Intervención para Varones (PRIHO), los trayectos en perspectiva de género para organismos como concejos deliberantes y la Liga Salteña de Fútbol, y la continuidad de iniciativas de inserción sociolaboral como Constructoras+.

A su turno, el director de Gestión de Políticas contra la Violencia, Álvaro Vanetta, explicó el funcionamiento de la Dirección General de Políticas contra la Violencia por Razones de Género y su Servicio de Orientación, Contención y Asistencia, orientado a brindar una respuesta integral, accesible y cercana a la comunidad. Al brindar las proyecciones estadísticas, indicó que hubo un sostenido incremento en la demanda: en lo que va de 2026 ya se ha cubierto el 86% de las asistencias brindadas durante todo 2025 y se proyecta alcanzar el 129%, mientras que los requerimientos judiciales ya se ubican en el 116% respecto del año anterior, con previsión de trepar al 170% al finalizar el período.

Para atender este cuadro en territorio, el área sostiene el programa “Aquí para vos” de descentralización asistencial, la línea telefónica gratuita de contención activa de 8 a 20 horas, el dispositivo de acompañamiento psicológico “Caminando juntas” y talleres de sensibilización jurídica sobre violencia económica enfocados en la cuota alimentaria. A ello se suma la iniciativa “Tejiendo redes”, orientada a la capacitación de operadoras sociocomunitarias para fortalecer la detección temprana y canalización de situaciones de riesgo en los barrios y municipios.

Tras la reunión las comisiones de la Mujer, Género y Diversidad y de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional firmaron sendos dictámenes favorables al proyecto de prórroga.

Con este paso, el Senado se encamina al tratamiento en el recinto de la norma que faculta al Poder Ejecutivo para asignar los recursos necesarios para mantener activas las líneas de atención y los programas interdisciplinarios de contención y protección a las víctimas en todo el territorio salteño.