Tartagal: investigan una presunta red de usura con préstamos

Una presunta maniobra de préstamos de dinero con intereses excesivos quedó bajo investigación de la Justicia penal en Tartagal, luego de que la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Eugenia Hernández, detectara una serie de procesos ejecutivos iniciados por un mismo particular contra decenas de personas de la zona.

La magistrada explicó en VideoTar que la situación surgió durante la revisión de juicios ejecutivos, procedimientos judiciales mediante los cuales un acreedor reclama el pago de una deuda respaldada por documentos como pagarés o cheques. En ese contexto, advirtió que un mismo demandante aparecía de manera reiterada como acreedor en numerosos expedientes.

Ante esa habitualidad, Hernández solicitó que se informara cuál era el origen de los fondos reclamados. Como respuesta, el particular presentó contratos de préstamos de dinero. Al analizar la documentación, la jueza detectó que dos de esos acuerdos contemplaban intereses que rondaban entre el 310% y el 360%.

La magistrada advirtió que el préstamo habitual de dinero constituye una actividad financiera regulada y requiere autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En caso de desarrollarse sin habilitación, podría configurar el delito de intermediación financiera no autorizada. Además, cuando se aplican intereses que exceden los parámetros permitidos, podría existir una situación de usura.

Según precisó, en los registros de su juzgado había identificado aproximadamente 34 procesos iniciados por esta misma persona contra distintos ciudadanos. También señaló que la oferta de préstamos habría sido publicitada en medios de comunicación.

Suspensión de las causas y denuncia penal
Frente a estos indicios, Hernández resolvió suspender los procesos civiles, al considerar que podría existir una causa ilícita detrás de las obligaciones reclamadas. La medida se mantendrá hasta que avance la investigación penal.

Asimismo, remitió al Ministerio Público Fiscal los antecedentes reunidos en el juzgado, incluidos los contratos de préstamo y otros elementos vinculados con la operatoria, para que se investigue la posible comisión de delitos.

La jueza sostuvo que la Administración de Justicia no puede convertirse en un instrumento para completar o facilitar una actividad presuntamente ilícita. En ese sentido, consideró que no correspondía continuar con las ejecuciones de las deudas sin esclarecer previamente el origen y las condiciones en las que se habían contraído.

Durante la entrevista, Hernández también describió el impacto del endeudamiento sobre los consumidores de la jurisdicción. Indicó que, durante el año y dos meses que llevaba de gestión, el juzgado había recibido al menos tres pedidos de quiebra directa por semana, principalmente de trabajadores bancarizados, entre ellos docentes y policías.

Según explicó, muchas personas recurren a créditos bancarios para afrontar gastos básicos, como servicios, alimentos y educación. Sin embargo, cuando perciben sus salarios, las entidades financieras descuentan automáticamente las cuotas de los préstamos, lo que en algunos casos deja a los trabajadores sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades cotidianas.

En ese contexto, señaló que la quiebra directa de una persona permite ordenar la situación de endeudamiento y establecer límites a las retenciones salariales. De acuerdo con lo explicado por la magistrada, en esos procedimientos se dispone que las entidades bancarias puedan retener hasta el 20% de la remuneración, de manera que el trabajador conserve el 80% restante para su subsistencia.

La jueza vinculó el incremento de estos expedientes con el deterioro de la situación económica y advirtió que el fenómeno del sobreendeudamiento tiene un impacto cada vez más visible en la actividad judicial de Tartagal.