La causa investiga presuntas amenazas por parte del legislador durante una campaña política, sumándose a la lista de 37 causas que involucran hechos de tortura mientras se desempeñaba en la Policía de la Provincia.

Según la denuncia, un vecino de la localidad acordó en 2016 permitir el uso de la tapia de su casa para pintadas proselitistas durante la campaña del Diputado. El acuerdo era a cambio de mercadería y bolsas de cemento.

Sin embargo, esto no se habría cumplido por lo que el denunciante le reclamó al legislador, quien habría respondido con una amenaza de muerte.