
Durante el procedimiento, trabajadores municipales fueron atacados y el vehículo oficial sufrió daños. El vendedor no contaba con habilitación y ya había sido notificado en reiteradas oportunidades.
El organismo de control realizó un operativo en General Güemes y detectó a personas que trabajaban sin agua, baño, energía eléctrica y que los hacían vivir en una carpa.
Salta


Durante el procedimiento, que contó con presencia de personal de la División de Prevención y Lucha contra la trata de personas de la Policía de Salta, los inspectores del organismo tributario nacional pudieron constatar que los trabajadores vivían en el establecimiento en condiciones de suma precariedad.


No contaban con energía eléctrica, agua potable, ni baños, y vivían en tiendas improvisadas fabricadas con lonas de plástico, maderas y ramas de los árboles de la zona, bajo las cuales se encontraban los catres que a su vez estaban fabricados con troncos y retazos de colchones viejos.
Los cinco trabajadores realizaban sus labores con su propia ropa y con herramientas de trabajo también de su propiedad.
Como resultado de las condiciones de trabajo observadas bajo las cuales estos cinco individuos estaban siendo empleados en el establecimiento, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Salta, quien ordenó la detención de los encargados del predio, así como el inmediato traslado de los trabajadores hasta la localidad de General Güemes para que sean asistidos en el hospital local y luego derivados a un albergue municipal a la espera de poder ser trasladados a sus respectivos lugares de origen.
El Personal del Departamento de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la AFIP tomó conocimiento del procedimiento e inmediatamente articuló con diferentes organismos de contención para la asistencia de los trabajadores y su pronto retorno a sus hogares.

Durante el procedimiento, trabajadores municipales fueron atacados y el vehículo oficial sufrió daños. El vendedor no contaba con habilitación y ya había sido notificado en reiteradas oportunidades.

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Las cinco se encuentran acusadas de integrar una organización que, aprovechándose de la relación con un hombre, hicieron transferencias bancarias sin autorización, despojándolo de los ahorros de toda una vida.



