El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, acusó a Orozco y los 11 policías: Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel por los delitos de imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.

En la resolución, el Juzgado de Garantías 7, a cargo interinamente de la jueza Claudia Puertas, ordenó librar oficio a la Mesa Distribuidora Penal del Distrito Judicial de Metán, a fin de que proceda a realizar el sorteo para la designación del Tribunal de Juicio con competencia en Proceso Común.

Durante la investigación, el fiscal González recogió numerosas pruebas que demostrarían que Orozco y los otros 11 policías cometían numerosos abusos cuando cumplían funciones en la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera y que, incluso, le valió otras causas que aún están pendientes de resoluciones.