El fiscal Penal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual 4, Pablo Rivero, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado por el que una mujer y su pareja fueron condenados a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de la hija de ella.

Tras investigar la causa y reunir distintas pruebas, Rivero acusó al hombre de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia pre existente en concurso ideal con corrupción de menor agravada por la  guarda y convivencia pre existente. A la madre de la menor de edad la acusó del delito de cooperación a la perpetración del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia pre existente  en concurso ideal con corrupción de menor agravada  por la  guarda y convivencia pre existente.

Tras admitir su responsabilidad en los hechos, el juez Javier Aranibar de la Sala 1 del Tribunal de Juicio condenó a ambos  y fueron puestos a disposición del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta para su traslado a la Unidad Carcelaria 1 para el cumplimiento de la condena impuesta.

El caso

El 27 de febrero de 2021, una psicóloga en el Centro de Salud de Vaqueros radicó una denuncia en representación de su paciente, de 16 años, solicitó la protección de la menor, salvaguardar su integridad física y que se investigue el hecho.

La profesional de la salud mental manifestó que ese día, a las 14:30, la menor de edad se presentó en su consultorio y le entregó una carta, pidiéndole que la leyera una vez que ella se retirara. La psicóloga pensó que tal vez se tratara de un caso de intento de suicidio por lo que indagó a la adolescente, que le manifestó que no se trataba de eso y se retiró.

“Este es un secreto que llevo guardando desde que tengo 13 años y necesito ayuda, necesito que me salven” y “cuento esto en una carta por que me da vergüenza contártelo en persona”, decía la carta. Allí, además, relataba distintos tipos de abuso sexual a los que fue sometida de manera constante, generalmente los fines de semana, por su progenitora y su pareja.

En su misiva, la adolescente también le dijo a la terapeuta que le enviaría videos y fotos (que había robado del celular de su madre) sobre todo lo que le contaba. La psicóloga entregó la carta, videos y fotos junto a la denuncia.

El fiscal Pablo Rivero entrevistó a la adolescente en sede fiscal. La menor de edad corroboró todo lo dicho en su carta y aportó más detalles de las prácticas abusivas y humillantes a las que era sometida.

Tras ordenar distintas medidas, el fiscal de UDIS imputó a la madre y su pareja, considerando que “todos estos sucesos, por las circunstancias en que se realizaron, como así por el tiempo de duración (dos años aproximadamente) han supuesto un grave ultraje y humillación para la víctima. De igual manera la conducta se ve agravada por haber estado el acusado al cuidado de la damnificada y residiendo con ella, encontrándose obligado a tutelar por su bienestar, y por haber aprovechado la convivencia con la misma, lo que le brindó facilidades para concretar estos hechos”.

Además, manifestó que el acusado “por lo prematuro y excesivo, mediante las conductas corruptoras descriptas por la menor de edad, alteró el desarrollo normal de su sexualidad, con lo cual se verificó el delito de corrupción de menores agravado por la guarda y la convivencia”

En cuanto a la madre, Rivero señaló que “no sólo no evitó la perpetración de los ilícitos descriptos, sino que provocó el inicio de la actividad sexual de su hija menor de edad”.