
Este miércoles se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta que definirá el futuro de la causa. El fiscal y el defensor de Víctimas consideran que se debe seguir la investigación e insistir en la acusación.
El acusado fue detenido en junio de 2023 a partir de un informe de una ONG. En la investigación se pudo comprobar que además de producir y difundir material de abuso, vulneró la integridad sexual de menores.
Policiales


La investigación inició a partir de un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), donde se detectó a un hombre de nacionalidad boliviana, residente en la ciudad de Salta, quien se habría filmado abusando sexualmente de menores de edad y distribuido este material por Internet.


El individuo fue detenido en un allanamiento realizado en junio en la zona centro de la ciudad de Salta. Durante el operativo, se secuestraron dispositivos electrónicos e informáticos que, al ser analizados, evidenciaron el modus operandi del acusado. Este captaba menores de edad de las inmediaciones de su domicilio y abusaba sexualmente de ellas con distintos actos, mientras lo registraba fílmicamente para su posterior distribución.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra un hombre de 43 años como autor de los delitos de producción, divulgación/facilitación de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación en calidad de víctimas de personas menores de 13 años, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real.
Durante la audiencia, la fiscal Cornejo amplió la acusación para el imputado en razón de la prueba producida durante el debate y en los alegatos solicitó que se le aplique la pena de 20 años de prisión de ejecución efectiva.
En el veredicto, la jueza Norma Beatriz Vera le impuso la pena de 15 años de prisión y en el mismo fallo dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Este miércoles se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta que definirá el futuro de la causa. El fiscal y el defensor de Víctimas consideran que se debe seguir la investigación e insistir en la acusación.

El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.

El episodio ocurrió cerca de las 22 horas y movilizó a bomberos, personal penitenciario y al servicio médico. Se inició una investigación interna y judicial.

Durante un control de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán, se demoró un colectivo que llevaba trabajadores golondrina que viajaban desde Orán a Mendoza.

Una investigación por la muerte de una mujer de 25 años derivó en una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la capital salteña. La justicia sospecha que la víctima consumió drogas facilitadas por los detenidos.

La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.





Este miércoles se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta que definirá el futuro de la causa. El fiscal y el defensor de Víctimas consideran que se debe seguir la investigación e insistir en la acusación.

La investigación sobre una red de captación en colegios secundarios ya detectó 33 niñas y adolescentes víctimas. La Justicia Federal confirmó la prisión preventiva para siete imputados, por trata y asociación ilícita.

El máximo tribunal desestimó el pedido de la defensa del fiscal federal de Salta, lo que permite que continúe la investigación por presunta violencia de género, privación ilegítima de la libertad y daños materiales.



