Por romper votos, deberán realizar tareas comunitarias y donaciones

El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, homologó dos acuerdos de conciliación a través de los cuales se arribó a la resolución de conflicto en dos hechos que eran motivo de investigación por parte del fiscal Ricardo Rafael Toranzos, con competencia electoral, ocurridos en aquella capital durante las elecciones generales del 22 de octubre pasado y en la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada el 19 de noviembre.

Los acuerdos, celebrados ante el juez el 18 de abril y el 27 de junio pasado, fueron presentados por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, quien relató lo sucedido en cada caso, como también fundó la postura de arribar a esta vía de resolución, en función de los artículos 22 y 34 del Código Procesal Penal Federal. Ambas normas promueven la preferencia a las “soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”. Las reparación acordadas ya fueron cumplidas.

La funcionaria explicó que un caso se había originado a partir de un hecho registrado cuando se realizaba la segunda vuelta de la elección presidencial, y las autoridades de la mesa N°1352, habilitada en la Escuela N°4039 "Provincia de Buenos Aires", advirtieron la destrucción de 31 boletas electorales a la salida de un votante.

Precisó que, a partir de esa situación, se dio intervención a la fiscalía ante la posible comisión del delito contemplado en el inciso “g” del artículo 139 del Código Electoral Nacional, que establece penas de 1 a 3 años de prisión a quien “sustrajere boletas del cuarto oscuro, las destruyere, sustituyere o adulterare u ocultare”.

La auxiliar fiscal expuso que se iniciaron las actuaciones del caso en contra del votante, cuya defensa propuso resolver la situación a través de una conciliación, lo cual habilitó la discusión respecto a las acciones dirigidas a la reparación integral del daño.

El acuerdo, relató la representante del MPF, consistió en el pago de una donación de 100 mil pesos en efectivo por parte del votante, que se dispuso a favor de una fundación de equinoterapia de de Salta.

En sus consideraciones del caso, la fiscal resaltó la falta de antecedentes del investigado, quien desarrolla su actividad laboral como contador. El juez, por su parte, también destacó este aspecto y homologó el acuerdo presentado, en función de que la defensa prestó conformidad a la propuesta de la fiscalía. El magistrado también puso de relieve que la salida alternativa a la que arribaron las partes puso fin a un conflicto de manera no penal y se evitó el sesgo estigmatizante que podría recaer sobre la persona investigada.

Boletas y pasamanos

La auxiliar fiscal Aráoz Vallejo presentó también el segundo caso, originado en hechos ocurridos durante las elecciones generales del 22 de octubre pasado. Las actuaciones habían sido iniciadas por personal de la subcomisaría de Villa El Sol, en la zona este de la ciudad de Salta.

Explicó que la policía actuó en respuesta a maniobras que llevaban adelante cuatro personas apostadas frente a la Escuela "Arturo Oñativia", donde los sospechosos interceptaban a los votantes, mantenían un breve diálogo, les daban una boleta electoral y los acompañaban hasta el establecimiento. Agregó que, una vez que los electores con los que habían hablado salían de emitir su voto, les exhibían el comprobante de votación y la pantalla de su teléfono celular, ante lo cual, y a modo de pasamano, recibían algo y se retiraban del lugar.

Refirió que, ante el estado de sospecha de otro posible delito electoral, incluido en el inciso “b” del artículo 139 del Código Electoral Nacional -que reprime a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada-, la fiscalía tomó intervención y solicitó que las cuatro personas fueran demoradas y sometidas a requisa. La auxiliar fiscal sostuvo que, como resultado de ello, se procedió al secuestro de boletas de papel de la lista 134 del partido Unión por la Patria, constancias de emisión de votos y una de fiscal de mesa y un cuaderno blanco con la leyenda del Gobierno de la Provincia de Salta.

Aráoz Vallejo precisó que a partir de ello se iniciaron las actuaciones preliminares, pero que, ante el pedido de la defensa, la fiscalía accedió a resolver el conflicto mediante otro acuerdo de conciliación.

En este caso, la reparación integral se acordó con la donación de una suma de 50 mil pesos en efectivo por cada uno de los investigados y la realización de 12 horas de tareas comunitarias por mes, durante un lapso de seis meses. Las entidades beneficiadas fueron dos merenderos de la ciudad de Salta.

Las medidas de reparación fueron consentidas por la defensa, razón por la cual el juez homologó el acuerdo. Si bien, consideró que los investigados, con su accionar, habrían afectado la libertad de elección de los votantes que fueron interceptados, al compelerlos para que voten de una manera determinada, valoró la postura de las partes en arribar a una solución que no demande más desgaste en materia procesal.