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Imputan al exsecretario de Seguridad por tráfico de influencias
Benjamín Cruz fue acusado en el marco de la causa que investiga visitas irregulares en la Unidad Carcelaria de Orán a un peligroso sicario por parte del brutalmente asesinado Darío Monges.
Salta
La Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, hizo conocer este viernes el decreto de citación a audiencia de imputación de fecha 1 de octubre de 2024 a Benjamín Cruz como supuesto autor del delito de tráfico de influencias.
El imputado, al conocer los cargos de investigación, optó por presentar su declaración por escrito.
Se trata de un delito contra la administración pública, donde un funcionario público utiliza su posición, cargo o comisión, para inducir a que otro funcionario público efectué, retrase u omita algún acto de su competencia a cambio de un beneficio, y que tiene previsto como pena, la inhabilitación perpetua.
La imputación procede, según señalan los Fiscales, a partir de elementos obtenidos del debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges, de donde surge que el exfuncionario habría facilitado el ingreso del fallecido a la Unidad Carcelaria de Orán, diciendo ser asesor del Ministerio de Seguridad, para entrevistarse con el entonces el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz.
También recordaron que la causa que se sigue contra Ángel Sarmiento, ex director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública, se encuentra requerida a juicio.
El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Darío Esteban Monges se hizo presente en la unidad penitenciara de la ciudad de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad, solicitando entrevistarse con el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz, lo cual se sospecha que se concretó con la autorización del Director General de Políticas Penales pudiendo exceder con tal decisión, el ámbito de su competencia funcional.
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