
El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a partir de la denuncia de una persona que vinculó la mercadería con una presunta maniobra de clientelismo político.
El Ente ordenó que se informe el detalle de los tributos municipales que se cobran junto a las facturas de energía eléctrica, luego de detectar incrementos que superan el 1.000% en Cafayate, Tartagal y Orán.
SaltaEl Ente Regulador de Servicios Públicos, emitió la Resolución N° 375/2025, por la que inició un proceso de auditoría, para revisar los contratos de recaudación que han firmado los municipios de Orán, Tartagal, Cafayate y General Pizarro para cobrar sus tributos en las facturas del Servicio de Energía Eléctrica
“Hemos advertido que en estos municipios, en los últimos 24 meses, han incrementado el monto de las facturas de los tributos municipales entre 1.200% y 1.400%, cuando en ese periodo la inflación fue del 538%, entonces se han multiplicado cuatro o cinco veces los valores”, detalló el director del Ente, Carlos Saravia.
El informe detalla incrementos que superan el 1.000% en los municipios de Cafayate, Tartagal, General Pizarro y San Ramón de la Nueva Orán, alcanzando un 1.436%. 1.410%, 1.236% y 1.221%, respectivamente, entre enero de 2023 y diciembre de 2024.
“Hace cuatro meses hemos solicitado e intimado a los municipios que presenten los papeles, no lo han hecho. En Orán y San Martín lo que hacen es presentar un solo rubro en la factura que se llama tasa general de impuestos, no sabemos qué cobran allí”, explicó Saravia.
Por ello se ordenó a la empresa EDESA que, en un plazo de 30 días, detalle de manera precisa los tributos municipales en las facturas, con sus respectivos montos, y se la intimó a presentar en 5 días todos los antecedentes relacionados con la percepción de estos tributos.
Asimismo, se notificó a los municipios involucrados sobre la Resolución y la obligación de presentar los convenios de percepción de tributos para su revisión y aprobación por el Ente, conforme a la Resolución N° 1590/24.
El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a partir de la denuncia de una persona que vinculó la mercadería con una presunta maniobra de clientelismo político.
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