A partir de un caso iniciado en Chaco, el fiscal Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
Juzgan a nueve empleados de una casa hogar por malos tratos a niños
La investigación inició ante las sospechas de que los operadores del dispositivo de protección estatal “Casita Feliz” "castigaban" a niños y adolescentes con duchas frías cuando se "portaban mal".
Salta
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.
La audiencia, presidida por el juez Leonardo Feans, se extenderá hasta el próximo 9 de abril, según lo previsto.
Durante la jornada del miércoles 26, se proyectaron las entrevistas obtenidas a través de cámara Gesell a tres menores de edad, quienes relataron los malos tratos sufridos cuando «se portaban mal».
Cabe destacar que este jueves prestó declaración la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Carina Iradis, quien brindó detalles de la estructura y normativa bajo la cual funcionaba el entonces Hogar Casita Feliz, hoy denominado Munay.
La investigación inició al tomar conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos, reiteraban conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”. Utilizando como mecanismo disciplinador recurrente la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría, se mencionaba que tal actitud era ordenada por la jefa del hogar.
En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas.
Afirma además que, si bien no se constataron lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas realizadas por psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, así como de las entrevistas realizadas por personal del CIF durante la investigación, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.
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