
Por malversación de fondos, la justicia lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sólo deberá cumplir reglas de conducta.
El Gobierno designó nuevos miembros para el Comité Ejecutivo de Intervención del Instituto Provincial de Salud, y ratificó la permanencia de la intervenida presidenta.
SaltaA través de la Decisión Administrativa Nº 126, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, la Coordinación Administrativa de la Gobernación ratificó la Resolución Nº 0001-I/2025 del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), que establece la conformación del nuevo Comité Ejecutivo de Intervención y reestructura parcialmente la organización del organismo.
La medida "responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, reorganizar la prestación de servicios y mejorar la gestión del gasto en el instituto". Para ello, se designaron nuevos miembros del comité pero se volvió a designar a Gladis del Socorro Sánchez.
Aunque fue intervenida tras numerosas irregularidades, interrupciones permanentes de los servicios y hasta una deuda que ascendió a los 25.000 millones de pesos, Sánchez seguirá en el instituto pero como Coordinadora Ejecutiva Prestacional.
Además, entre las nuevas designaciones se encuentran el Dr. Enrique Washington Arias, el Cr. Oscar Alberto Soler, la Lic. Magdalena del Socorro Véliz Cornejo y el Dr. Mariano Cristian Vittar. Todos ellos formarán parte del Comité Ejecutivo de Intervención.
Cabe destacar que a fines de febrero, el Instituto Provincial de Salud fue intervenido, través del decreto N° 108/2025 por el plazo de 180 días, debido a que la crisis de la institución se agravó debido a la alta variabilidad de precios en insumos y medicamentos durante el último año, lo que afectó a todas las obras sociales del país. A pesar de los esfuerzos financieros extraordinarios de la Provincia, el instituto no logró sanear su situación y continuó acumulando deudas, lo que ponía en riesgo su normal funcionamiento.
Por malversación de fondos, la justicia lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sólo deberá cumplir reglas de conducta.
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