Piden a la Justicia que prohiba la participación militar en seguridad interior

Organismos salteños presentaron una acción de hábeas corpus colectivo preventivo en el que advierten sobre la grave afectación a los derechos que implica la posibilidad de que las fuerzas armadas puedan detener a personas en el marco de la "Operación Presidente Julio Argentino Roca", dispuesta por el Ministerio de Defensa de la Nación para la zona de frontera internacional. Esto ocurre mientras el Ministerio de Seguridad anunció para Misiones la implementación de un plan similar, llamado "Plan Guaçurarí", que envía fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y hasta personal del Servicio Penitenciario Federal) para control a otra zona de frontera.

En Salta, la acción se presentó ante el juez federal de la ciudad de Orán, Gustavo Montoya, que tiene jurisdicción sobre los tres departamentos salteños, Orán, San Martín y Rivadavia, donde el gobierno nacional tiene previsto desplegar tropas de las fuerzas armadas para que realicen tareas de vigilancia y control en zonas de fronteras en el marco del Plan Güemes.

El amparo, presentado con el patrocinio del abogado Martín Plaza, solicita que de manera urgente se ordene al Poder Ejecutivo Nacional "la abstención de aplicar las normas y disposiciones que habilitan la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente acción de hábeas corpus", que cuestiona la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia 1107/24 y 1112/24 y la resolución ministerial 347/35, dictados por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, para habilitar la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior.

La resolución 347 prevé que la Operación Roca implicará el despliegue de medios y personal de las fuerzas armadas en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste, desde el 15 de abril al 15 de diciembre de este año, aunque el ministro Petri dijo el 4 de mayo último que el despliegue en el territorio comenzaría recién en los primeros días de junio.

El amparo cuestiona que los decretos presidenciales modifiquen leyes aprobadas por el Congreso, como la Ley de Defensa, "al establecer que la misión principal de las Fuerzas Armadas es intervenir ante ataques o agresiones de origen externo, no importa cuál sea su naturaleza". Esta indefinición "flexibiliza y desdibuja de manera exagerada los supuestos en que las Fuerzas Armadas podrían intervenir, colocando en riesgo a toda la población tanto nacional como extranjera que pretendiera ingresar al país, sea con fines de tránsito o permanente", advierte.

En la misma línea llama la atención sobre la posibilidad de que se lleven a cabo detenciones ilegítimas o arbitrarias. "La nueva construcción jurídica para permitir la actuación militar en zonas de fronteras, en espacios inhóspitos, con objetivos civiles, bajo reglas poco claras y competencias difusas, con alcances reservados, sin regulación conocida, ni definición de límites, controles o publicidad, representa un riesgo proporcional a los mega operativos de seguridad dispuestos", afirma.

Otro aspecto sobre el que hace eje es en el carácter de reservado de las Reglas de Empeñamiento, que prevén cómo será esa actuación de las fuerzas armadas, lo que "genera un estado de inquietud ciudadana, zozobra e inseguridad respecto a las alcance de las eventuales acciones que pudieran realizar las fuerzas armadas respecto de los individuos", a la par que la instauración de un estándar de reserva o secreto "como el que rige en relación a conflictos bélicos en materia de seguridad interior y ciudadana, excede absolutamente la tarea preventiva y de cuidado propio del abordaje democrático de las cuestiones de seguridad interior".

La acción también reclama la "inmediata desclasificación" de estas Reglas de Empeñamiento.

Tras la presentación del amparo, referentes de las organizaciones de derechos humanos de la provincia brindaron una conferencia de prensa en la que ratificaron que la Operación Roca representa "un grave retroceso en la política pública de seguridad" y y conlleva "a graves problemas entre las Fuerzas de Seguridad y civiles en nuestro país y en particular en la provincia de Salta". Aseguraron que estas medidas del gobierno nacional "representan la actualización de viejas recetas represivas destinadas al control social, que lejos de resolver las problemáticas del narcotráfico y la inseguridad, implican retrocesos en materia de derechos humanos y seguridad pública".

Los organismos vienen alertando sobre la profundización de la represión y la respuesta punitiva del Estado en la frontera, una acción que consideran dirigida a bagayeros y trabajadores informales, y que además no cumple con el alegado objetivo de controlar el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado.

Como ejemplo, recordaron que a pocos días de aplicarse el Plan Güemes fue asesinado el bagayero Fernando Gómez en Aguas Blancas, hecho por el que están acusados cinco gendarmes, y días después, también en un operativo de Gendarmería Nacional, fue asesinado Rodrigo Torres, en La Quiaca, Jujuy.

"Ambos operativos ponen de manifiesto que la intención del gobierno nacional no es prevenir ni erradicar el narcotráfico, sino reprimir y castigar a migrantes y a trabajadores informales de la frontera, disponiendo inútilmente recursos del Estado, y con el consecuente incremento de la violencia institucional y social", denunciaron los organismos de derechos humanos.

La acción de los organismos fue acompañada por el Comité Contra la Tortura de Salta. Su presidente, el abogado Rodrigo Solá, informó que desde la aprobación del Plan Güemes, y luego la Operación Roca, vienen pidiendo informes a la provincia "sin muchos resultados hasta el momento”.

El comisionado dijo que en relación a la cuestión de fronteras y este operativo, su intención es "llegar a tiempo", es decir, antes de que se produzcan las violaciones de derechos. En cuanto a la Operación Roca, criticó que la definición de objetivos estratégicos de defensa esté en cabeza exclusiva del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Defensa, y no a través de mecanismos democráticos. También cuestionó la posibilidad de que los militares puedan detener a civiles en situaciones de flagrancia, y que sea el Ejército el que "pueda definir cuál va a ser la situación de flagrancia, el modo de operar", lo que provoca "una situación de incertidumbre ciudadana”.

Cuestionó además el carácter de secreto de las Reglas de Empeñamiento, que no permite conocer cuál es el uso de la fuerza ni las armas que se van a utilizar, cuál será el despliegue y en caso de que se detenga a alguien, adónde se lo llevará ni "qué procedimientos van a estar a disposición para controlar, qué acceso a la defensa vamos a tener como ciudadanos".