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De oficio, investigan irregularidades de convenios con fundaciones sanitarias
La intervención de la Fisclaía de Delitos Económicos Complejos se originó a partir de declaraciones del ministro de Salud, quien señaló posibles anomalías en tratamientos y reportes de pacientes con hemofilia.
Salta
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal penal subrogante Ana Inés Salinas Odorisio, inició una investigación de oficio en virtud de manifestaciones realizadas por el ministro de Salud al advertir presuntas irregularidades en los tratamientos y en la cantidad de pacientes reportados por la Fundación de Hemofilia.
"Siguen sin darme los datos. Qué esconden. Me cansaron. Por ejemplo, a un paciente le metieron 64 frascos de coagulación y significó $450 millones. Estamos investigando y acá estamos rompiendo algunos kioscos", había dicho el ministro de Salud, Federico Mangione, en díalogo con radio Aries.
Conforme a lo estipulado en el artículo 241 del Código Procesal Penal, la Fiscal dispuso la apertura de una investigación, en base a la posible comisión de hechos que podrían constituir un delito de acción pública.
En el marco de la actuación iniciada, la Fiscalía requirió formalmente al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta que informe si se han suscrito convenios con la Fundación Hemofilia, indicando en ese caso la fecha de suscripción, el objeto de los convenios, el plazo de duración y si actualmente se encuentran vigentes.
Asimismo, se solicitó la remisión de copias de los convenios firmados con la mencionada fundación, junto con los expedientes administrativos mediante los cuales tramitaron dichos acuerdos. También se pidió un detalle de los pagos realizados en el marco de esos convenios, especificando la fecha, el monto, el objeto del pago, el medio utilizado (como cheque, transferencia u otro), el número de cuenta en caso de haber sido por transferencia, y el número de expediente administrativo a través del cual se gestionó la certificación y el pago.
Además, se requirió que se informe si, respecto de esos pagos, existía la obligación de realizar rendiciones de cuentas, y en su caso, cuál es la situación actual de dichas rendiciones. Por último, se pidió conocer si la Auditoría General o la Sindicatura General han efectuado auditorías sobre la ejecución de los convenios en cuestión, y en tal caso, que se remitan copias de los informes correspondientes.
Destacó la Fiscal, que esta investigación tiene por objeto esclarecer las circunstancias expuestas y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.
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