Generación Zoe: Damnificados relataron cómo operaba la financiera

Con la declaración de damnificados continuó la tercera jornada del juicio seguido contra Nelson Leonardo Cositorto, fundador de Fundación Zoe, y contra cuatro personas que conformaban el staff de la sucursal que funcionaba en Salta. Todos ellos están imputados por los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita en concurso real.

Declararon siete denunciantes, entre ellos una abogada, cuatro efectivos del Servicio Penitenciario y un policía aeroportuario retirado. Relataron cómo se vincularon con Fundación Zoe y por qué decidieron entregar sus ahorros en dólares para supuestas inversiones. En las oficinas les informaban que podían retirar los intereses pero el capital inicial no. Recién podían recuperarlo al cabo de tres años. También les daban la opción de reinvertir el dinero en bots de criptomonedas.

La mayoría de los denunciantes manifestó haberse enterado de las operaciones financieras que realizaba la compañía a través de compañeros de trabajo o amigos. A los fiduciantes les ofrecían una comisión o premio por llevar a otros inversores.

Los testigos mencionaron que podían ver cómo crecía su capital mes a mes a través de una aplicación que les hacían bajar en su celular. Eso los alentaba a seguir invirtiendo.

Todos coincidieron en señalar que la empresa generaba confianza porque tenía sucursales en diferentes ciudades y en Salta contaba con oficinas céntricas muy bien instaladas. Además, los responsables de la atención al público garantizaban que la firma estaba en regla.

Uno de los damnificados mencionó que en las instalaciones de Zoe en Salta funcionaba la financiera pero también un templo donde se realizaban reuniones y ceremonias.

Los testigos señalaron a los coimputados como interlocutores de la fundación en Salta. Eran ellos los encargados de recibir el dinero de la membresía que les garantizaba buenos dividendos. En algunos casos les prometían un rédito del 7.5 por ciento, en otros ofrecían el 15 por ciento o incluso más. También les explicaban cómo bajar la aplicación al celular.

Una de las denunciantes refirió que luego de entregar sus ahorros – en noviembre de 2021- le dieron un recibo firmado por Ricardo Vilardel, que figuraba como director de Zoe. Ella exigió que le dieran un contrato y, ante su insistencia, después de unos días la citaron. Le hicieron firmar un “formulario de adhesión a fideicomiso”, pero ella nunca tuvo acceso al contrato. Le dieron dos opciones: retirar las ganancias todos los meses o dejarla en la plataforma para reinvertir el dinero. Ella optó por el cobro mensual. Dijo que le pagaron los intereses durante tres meses seguidos. Cobraba en efectivo y en dólares. La operación se hacía en las oficinas de la empresa.

Luego se difundió en los medios que Cositorto había sido denunciado en Córdoba. La testigo dijo que inmediatamente se comunicó al grupo de whatsapp de Zoe para pedir información. Le dijeron que no se preocupara, que el pedido de captura era mentira. Las preguntas de los inversores eran cada vez más insistentes y entonces los administradores anularon la opción de permitir comentarios. La damnificada le escribió por privado a una de las coimputadas y ella le dijo que Cositorto había ordenado limitar el chat.

No obstante los reclamos, en el grupo de Zoe habían comenzado a promocionar una nueva empresa llamada Sunrise, que funcionaba a través de otra aplicación. Finalmente les informaron a través del chat que la oficina de Salta cerraba sus puertas.

Junto a Cositorto están imputados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.

El tribunal está integrado por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
Según consta en la causa, la financiera Generación Zoe -que tenía sede en Salta- comenzó a ser investigada en 2022 a partir de múltiples denuncias de ahorristas que aseguraban haber sido estafados.
Se logró determinar que Cositorto lideraba una empresa que operaba a través de un esquema fraudulento: atraía inversores con la promesa de una rentabilidad muy elevada: entre el 7,5% y el 10 % mensual, alcanzando el 120 % anual. Pero la ganancia prometida no procedía de las actividades financieras y comerciales que promocionaba Generación Zoe, sino de los fondos frescos depositados por nuevos inversores.