
El ataque ocurrió durante un operativo de control por venta ilegal de pirotecnia sonora en pleno centro de Salta. El agresor fue hallado culpable de lesiones leves y amenazas reiteradas con arma blanca.
Uno de los detenidos con contrabandear más de 30 toneladas y sindicado como el jefe de la organización casi mata a un comandante de Gendarmería, cuando resistió a tiros su captura.
Salta


A través de una audiencia de formalización de la investigación penal, celebrada hoy ante el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya, la Fiscalía de Distrito de Salta, a cargo del fiscal general, Eduardo Villalba, imputó a cuatro personas por el delito de contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes.


La imputación surge de una investigación que data de enero de 2024, la que tenía como eje central el contrabando de aceite desde territorio nacional al vecino país de Bolivia. Para ello, se realizaron numerosas tareas de campo e inteligencia, a cargo de personal de la Unidad de Reunión de Información, de Gendarmería Nacional y de la sede local de la Dirección General de Aduanas.
En la audiencia, la fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, detallaron la imputación contra el jefe de la organización F.S.G. como autor mediato de dicho delito, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por ser la víctima funcionario público en ejercicio de su deber y por el uso de arma de fuego en calidad de autor. Sus cómplices, N.A.D., R.G.M y A.C.M, en tanto, fueron imputados como coautores del primer delito.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que la hipótesis central del caso tenía a los imputados como responsables del contrabando de aceite de soja, maniobra que se concretaba mediante el uso de mangueras, desde un predio limítrofe en Salvador Mazza hacia la localidad boliviana de Pocitos.
Según lo investigado, esta organización -entre 2022 y este año- efectuó el contrabando de aceite, estimado por ARCA en una suma de 2.400.000 de dólares, traduciéndose en un perjuicio fiscal estimado por Aduana en concepto de derechos de exportación de 720.000, de la misma moneda. Ello sin perjuicio de no haberse determinado aún el daño económico por la falta de ingreso de liquidación de divisas a través del mercado único de cambios.
Pese la complejidad del caso, la fiscalía llevó adelante diversas pesquisas que, en cuestión de meses, permitieron identificar a los principales miembros de esta organización. Los mismos, entre otros roles criminales, tenían a su cargo la coordinación de camiones cisternas que salían de Salvador Mazza hacia empresas de Santa Fe, donde adquirían aceite de soja, ya sea neutro o refinado.
En su última incursión delictiva, se pudo establecer que, al retornar a Salvador Mazza, los camiones -con una carga estimada en 30 toneladas- llegaron hasta un inmueble conocido como “Don Ramón”, de esa ciudad, donde el aceite era trasvasado hacia camiones de menor porte, para luego dirigirse a un predio del paraje “El Chorro”, en el límite fronterizo.
En dicho lugar, los contrabandistas conectaron mangueras que pasaban hacia Bolivia, donde se ensamblaban a otros camiones, ubicado de lado boliviano. En esa tarea, el viernes pasado a la madrugada, un grupo de efectivos de Gendarmería Nacional lo sorprendieron in fraganti a dos de los imputados, uno de los cuales hacía de chofer y el otro se encargaba del traspaso de la mercadería de un país a otro.
Los detenidos habían llegado al lugar con un camión semirremolque, el que estaba cargado con 30.120 litros de aceite neutro blanqueado para uso industrial. Cabe señalar que, las facturas de compra en Santa Fe no se las hacía las plantas aceiteras sino una empresa de papel. En simultáneo, en tanto, se procedió a detener a otro implicado, A.C.M., en su casa de Salvador Mazza.
El tramo de mayor más riesgos del operativo, en tanto, se vivió cuando los uniformados, en este caso, comandados por un jefe de esa fuerza, llegaron a la casa de F.S.G., sindicado como el jefe de la banda. El hombre, lejos de acatar la orden de allanamiento dispuesta por el juez Montoya, abrió fuego contra el oficial.
Según la fiscalía, el imputado utilizó una pistola calibre 9 milímetros y los disparos fueron realizados con intención de matar al oficial, quien se había identificado como miembro de Gendarmería Nacional y anunció la realización de la medida en reiteradas oportunidades.
Pese a ello, el delincuente disparó impactándole los proyectiles en el antebrazo izquierdo con orificio de entrada y de salida. La ojiva de la bala, en tanto, quedó en el chaleco que utilizaba el comandante. La escena motivó una rápida respuesta del resto de los efectivos, quienes redujeron al atacante.
En función de ello, los fiscales fueron contundentes al señalar la peligrosidad de los imputados, contra quienes pidieron la prisión preventiva, medida que fue otorgada, como así otras medidas de investigación que se encuentran en curso para terminar desarticular esta actividad criminal en la frontera.

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