Golpes, presiones y exigencias sexuales, la denuncia contra Pablo López

La joven que denunció al dirigente de La Libertad Avanza de la capital salteña, Pablo Lopez, mantuvo una relación sentimental que derivó en la designación de un cargo político en el Concejo Deliberante pero que se tornó insoportable por los pedidos de dinero, sexo y permanente maltrato.  

La denuncia se presentó ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género por una extensa lista de hechos de violencia física, psicológica, sexual y económica.

Según consta en el escrito judicial, la denunciante afirma que la violencia comenzó poco después de iniciar la relación con López en 2019 y se intensificó durante los años en los que ella trabajó como asesora política en el Concejo Deliberante. El relato incluye situaciones de maltrato sistemático, agresiones físicas —algunas de ellas en la vía pública—, presiones económicas para entregar parte de su salario y exigencias sexuales vinculadas a favores económicos o políticos.

Uno de los pasajes más alarmantes de la denuncia describe cómo el ahora exconcejal habría pedido mantener relaciones sexuales como forma de “pago” por gastos de viajes y estadías, e incluso la habría presionado a participar de una situación sexual con un tercero, supuestamente filmada sin su consentimiento. La denunciante adjuntó audios, mensajes de WhatsApp, comprobantes de transferencias y un respaldo digital extraído de su celular, como parte del material probatorio.

La presentación también menciona episodios de violencia física, como golpes, tironeos y empujones durante discusiones en contextos íntimos y laborales, además de insultos, amenazas y humillaciones públicas. La mujer expresó su temor ante posibles represalias, especialmente luego de que el exconcejal le dijera que “tenía poder” y que podía “arruinarle la carrera política”.

la denuncia se conoce después del escándalo generado por un audio filtrado, en el que se escucha a López decirle a otra mujer: “Por cada chupada de p... te descontaba 10 mil pesos”, en referencia al dinero que, supuestamente, le retenía del sueldo. Ese hecho, ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, provocó una fuerte conmoción pública y política, y llevó a que López renunciara a su banca en el Concejo Deliberante.

En su carta de dimisión, el exconcejal no hizo alusión directa a los audios ni a la denuncia, pero habló de “hostigamiento político” y de no querer ser “funcional a operaciones”. Sin embargo, la denuncia formal presentada días antes ya estaba en manos del Ministerio Público Fiscal y se activaron pedidos de medidas de protección urgentes, entre ellas: prohibición de contacto, acercamiento, divulgación de imágenes íntimas y el secuestro de dispositivos electrónicos para preservar evidencia.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, que deberá analizar el material presentado y definir si avanza con la imputación penal. Entre los posibles delitos que se investigan figuran lesiones agravadas, coacción, amenazas y exacciones ilegales.