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title: "La Justicia investiga el incendio en la Alcaidía y evalúa medidas por la sobrepoblación"
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description: "El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados."
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date_published: "2025-10-27T11:09:00-03:00"
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# La Justicia investiga el incendio en la Alcaidía y evalúa medidas por la sobrepoblación

![Alcaidía](/download/multimedia.normal.a30fac37cc66ce48.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

Luego del incendio ocurrido el domingo por la noche en la Alcaidía General de la Provincia, que dejó varios internos hospitalizados y efectivos lesionados, la Justicia tomó intervención directa para supervisar la situación del penal y evaluar posibles medidas de fondo.

El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, acudieron al lugar poco después del siniestro, según confirmó el director del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, en declaraciones a Aries. Ambos magistrados constataron el estado de las instalaciones, el traslado de los detenidos y las condiciones generales del establecimiento.

La presencia judicial responde a una preocupación creciente por el nivel de sobrepoblación en las cárceles salteñas. Torres admitió que la Alcaidía “funciona con un 70% más de internos de los que puede alojar”, lo que incrementa los conflictos y dificulta la convivencia.

Desde el área social del Servicio Penitenciario se informó además que se notificó a los familiares de los detenidos hospitalizados, con colaboración de la Policía de la Provincia. Tres internos permanecen en terapia intensiva, cuatro continúan bajo observación y tres ya fueron dados de alta.

Fuentes judiciales indicaron que, tras el episodio, se iniciará un relevamiento técnico sobre las condiciones edilicias, los protocolos de seguridad y el cumplimiento de normas básicas de prevención de incendios en los pabellones.

El caso volvió a poner en el centro del debate las condiciones de detención en Salta y la necesidad de coordinar políticas entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y los organismos de derechos humanos para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema.

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