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title: "Demanda colectiva: denuncian préstamos con tasas de hasta 733%"
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description: "Hasta esa insólita cifra llegaron los intereses en créditos de una empresa salteña que fue objeto de una demanda colectiva en defensa de los consumidores."
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# Demanda colectiva: denuncian préstamos con tasas de hasta 733%

Una asociación de defensa del consumidor presentó una demanda colectiva ante la Justicia de Salta contra Bazar Avenida, una cadena de electrodomésticos con sede en Rafaela, Santa Fe, a la que atribuye haber concedido más de 700 préstamos, principalmente a empleados públicos provinciales, con tasas de interés que habrían alcanzado el 733% anual. La acción reclama suspender los embargos y descuentos salariales, declarar nulas las cláusulas cuestionadas y aplicar una multa civil cercana a los $1.000 millones.

La presentación fue realizada por Protectora Salta y se tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación. La asociación sostiene que la empresa estaría cobrando judicialmente las deudas mediante procesos ejecutivos que derivaron en embargos directos sobre los salarios de los clientes.

Según la demanda, la información sobre la magnitud de las operaciones surge de documentación presentada por la propia firma ante la Dirección General de Rentas (DGR) de Salta en sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto de Sellos. Esos antecedentes también habrían sido incorporados a expedientes que se tramitan ante los Juzgados de Procesos Ejecutivos de la capital provincial.

Protectora, representada por el abogado Daniel Paganetti, sostiene que las tasas aplicadas llegaron a superar en más de cinco veces el límite que, según la entidad, establece el Banco Central para operaciones similares. La Procuración General de la Provincia ya tomó vista de la causa colectiva.

Entre los antecedentes incluidos en la presentación aparece el caso de José O. C., empleado provincial que habría recibido un préstamo de $ 450.000 y firmado un pagaré por $ 2.395.035. La cifra representa más de cinco veces el capital originalmente entregado y, según la demanda, corresponde a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 733,50%. Actualmente existiría un embargo sobre sus haberes.

El segundo caso utilizado como referencia corresponde a Socorro F. C., también trabajadora de la Provincia. La asociación indicó que uno de los dos créditos que obtuvo fue por $ 248.000, mientras que el pagaré correspondiente ascendió a $ 1.319.930,40.

En esa operación, el documento firmado equivale a aproximadamente cinco veces y media el dinero recibido y la TEA consignada alcanza el 710,02%. Según la presentación judicial, en ese expediente ya se habría dictado una sentencia de remate, aunque todavía no habría sido notificada.

Para Protectora, estos dos casos no serían situaciones aisladas. La entidad basa esa afirmación en las declaraciones juradas que Bazar Avenida habría presentado ante Rentas como agente de retención del Impuesto de Sellos.

De acuerdo con los datos consignados en la demanda, la empresa declaró 357 operaciones de préstamo durante mayo de 2024 y otras 364 en junio del mismo año. Las percepciones informadas durante esos dos meses superaron en conjunto los $ 8,9 millones.

Las planillas incluirían además nombres y documentos de los deudores. Según la asociación, una parte mayoritaria correspondería a empleados de la administración pública provincial residentes en la ciudad de Salta. A partir de esos registros, Protectora estima que más de 700 personas contrataron préstamos durante apenas dos meses.

La acción colectiva invoca como fundamento el precedente “Halabi”, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2009, relacionado con la procedencia de procesos colectivos cuando una misma conducta alcanza a una pluralidad de personas que se encuentran en una situación común. Protectora sostiene que los préstamos cuestionados habrían sido instrumentados mediante una misma estructura contractual y con condiciones similares.

Con ese argumento, la asociación pidió que se declaren nulas las cláusulas de intereses de los contratos alcanzados por el planteo en Salta. También solicitó una medida cautelar innovativa para paralizar inmediatamente los procesos ejecutivos involucrados mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El pedido comprende, además, la suspensión de los descuentos que actualmente se realizan sobre los salarios de los trabajadores afectados. A ello se suma el reclamo de una sanción en concepto de daño punitivo, cuyo monto fue estimado en cerca de $1.000 millones.

La presentación también podría tener derivaciones fuera del fuero civil. Protectora solicitó que el juzgado comunique los antecedentes al fiscal penal de turno para que evalúe si corresponde alguna intervención, al señalar que la legislación argentina contempla la usura como delito y prevé penas que pueden alcanzar los seis años de prisión cuando se ejerce de manera profesional.

Paganetti cuestionó particularmente la utilización de pagarés para instrumentar las operaciones. Según el abogado, ese mecanismo habría dificultado que los trabajadores discutieran las condiciones originales del préstamo dentro de los juicios ejecutivos. También afirmó que no sería necesario individualizar mediante una investigación adicional a los potenciales afectados porque, de acuerdo con la demanda, sus identidades surgirían de las propias declaraciones presentadas por la empresa ante el fisco provincial.

Las tasas, el eventual carácter abusivo de las cláusulas, la procedencia de la suspensión de los embargos, los daños punitivos reclamados y cualquier posible derivación penal deberán ahora ser evaluados por los organismos judiciales competentes a medida que avance el proceso.

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