La oficina en Salta advirtió que los plazos para la entrega de DNI y pasaportes se estiraron hasta 90 días hábiles, para trámites regulares y hasta 15 para la modalidad exprés.
Denuncian una boda en una área protegida de Las Quebrada de las Conchas
Escándalo en Salta. Una pareja celebró su boda en la Quebrada de las Conchas, la Municipalidad presentó una denuncia penal y Ambiente acusó "adulteración de firmas".
Una pareja se casó en un lugares de ensueños de Salta y desató un escándalo el utilizar como escenario la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida ubicada sobre la ruta nacional 68, en el paraje La Punilla, a 17 kilómetros de Cafayate.
Luego de conocerse imágenes en redes sociales, la Municipalidad de Cafayate radicó una denuncia porque el matrimonio no contaba con ningún permiso para el evento. “Se recuerda que se trata de un área protegida, por lo que su uso está sujeto a normativas espacíficas para su preservación”, apuntaron en un comunicado al mismo tiempo señalaron que solicitaron la presencia policial para “garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”.
La Ley Provincial 6806, promulgada el 20 de octubre de 1995 y publicada el 10 de noviembre de 1995 en el Boletín Oficial, establece regulaciones provinciales. Esta norma, junto con otras disposiciones, afecta a áreas protegidas, incluida la zona de la Quebrada de las Conchas, exigiendo estrictos permisos.
Sin embargo, una mujer identifica como Lucía Grajales Soriano, sostuvo que es propietaria de una vivienda en el lugar y aseguró tener todos los permisos. “Mi propiedad está dentro de la reserva de las Conchas y se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes. Hablan de más sin saber”, posteó en redes sociales.
La controversia sumó otro capítulo cuando el Ministerio de Producción y Minería de la Provincia, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, advirtió que el documento que circuló como supuesta autorización "no fue emitido por la autoridad ambiental competente". A partir de ello, se iniciaron actuaciones administrativas y una denuncia formal para esclarecer los hechos.
El propio secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, aseguró que su firma habría sido falsificada. "No autoricé nada, ese documento es falso", sostuvo, al tiempo que confirmó la radicación de una denuncia penal por presunta falsificación de instrumento público. La causa quedó registrada el 23 de marzo en la Fiscalía Penal de Cafayate.
El funcionario también remarcó la gravedad institucional del hecho, no solo por la posible adulteración documental, sino por la realización de una actividad sin control ambiental en un área protegida.
El expediente ahora busca determinar si efectivamente hubo falsificación documental, responsabilidades administrativas y eventual daño ambiental. La intervención del Ministerio Público podría ampliar el alcance de la investigación.
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