Piden hasta 16 años de prisión para organización narco integrada por gendarmes

El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para siete integrantes de una organización narcocriminal juzgados por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en la provincia de Salta durante 2024. Entre los imputados, hay cinco gendarmes en actividad, exonerados o que estaban a punto de ingresar a la fuerza que, según reveló la investigación, por mensajes de la aplicación WhatsApp, enseñaban cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles en las rutas.

El pedido fue formulado el 27 de mayo pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por sus colegas Domingo Batule y Diego Matteucci, luego de que el 29 de abril se declarara la responsabilidad penal de los acusados.

La fiscalía requirió 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado (exgendarme exonerado) Gabriel Ruiz Apaza (aspirante a la fuerza) y para Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos.

Para otro exgendarme exonerado, Adrián Emilio Escarlata, declarado responsable del mismo delito en uno de los episodios, pidió una condena de 13 años de prisión.

Respecto de Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal cuantificó la pena en 14 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público. Sin embargo, en virtud del acuerdo de colaboración celebrado con el imputado, solicitó la reducción prevista por la ley y fijó el pedido de condena en 9 años y 6 meses de prisión.

Por otra parte, para Federico Rubén Batista (también integrante de Gendarmería Nacional) y Francisco Agustín Flores (aspirante a la fuerza federal), considerados partícipes secundarios, requirió 3 años de prisión de ejecución condicional.

Además de las penas privativas de libertad, la fiscalía solicitó el decomiso de una vivienda ubicada en el barrio Municipal de la ciudad de Orán, atribuida a Ruiz Apaza y señalada como el centro de operaciones de la organización. También pidió el decomiso de dos camionetas Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux utilizadas para el transporte de la droga y como “coche puntero” en las operaciones de tráfico ejecutadas por la organización.

El tribunal dará a conocer las penas el próximo jueves. El debate se inició el 19 de diciembre del 2025 y es uno de los más complejos de la jurisdicción, tanto en materia de responsabilidad penal como respecto a la determinación de la pena, etapa que ya lleva más de un mes de litigio.