Caso Thiago: confirman que su hermanito seguirá bajo guarda estatal

Equipos técnicos de la Asesoría de Menores e Incapaces y la Secretaría de Niñez y Familia deberán informar en un mes sobre las condiciones del entorno familiar de un bebé que quedó al resguardo de un hogar estatal tras la muerte de su hermano por presunto infanticidio.

Esa fue la decisión que tomó la jueza de Familia Claudia Güemes, en la audiencia de legalidad que se realizó en el caso que surgió tras la muerte de Thiago, un nene de dos años y hermano del bebé de diez meses que ahora está institucionalizado. Por el fallecimiento del mayor de los hermanitos están acusados por presunto infanticidio su madre y su actual pareja.

La audiencia tuvo por objetivo evaluar las actuaciones de la Secretaría de Niñez y Familia, que dispuso la internación del hermanito menor en un hogar estatal como medida de protección excepcional, tras la muerte de Thiago en la noche del lunes 22 de junio pasado, en un hecho que ocurrió en el barrio Convivencia (en la zona sudeste de la ciudad de Salta), y cuya autopsia resta conocer.

Por el caso están imputados por homicidio agravado la madre del niño y su actual pareja. La hipótesis del fiscal a cargo de la causa, Daniel Espilocín, es que Thiago murió por asfixia. En el caso se investiga como autor sobre todo a la pareja, dado que la madre no se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

Los antecedentes de la violencia de género entre el padre y la madre de los dos niños y medidas de restricción de acercamiento del padre, fueron algunos de los motivos que sustentaron la decisión de Niñez y Familia y la Asesoría de Menores al momento de decidir sobre el lugar en donde quedaría a resguardo el niño de diez meses.

Desde ese día y durante toda la semana pasada el padre de ambos niños protestó junto a su familia pidiendo la restitución del bebé.

La abuela paterna también solicitó la tenencia legal con la representación del abogado Víctor Hugo Sarmiento.

Este martes, finalmente, la jueza Güemes declaró la legalidad de la medida de alojamiento transitorio y decidió que el bebé quede por el momento en un hogar estatal. La medida excepcional, en principio, tiene una duración de 90 días, prorrogable por tres meses más. Tras el informe que surja en un mes, se verá cómo sigue la situación de este niño.

La decisión fue aceptada por la abuela paterna y el padre del niño, quienes estuvieron presentes en la audiencia junto a funcionarios de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, la asesora de Incapaces 5, la tutora oficial del niño y el fiscal interviniente.

Además, la magistrada ordenó la realización de estudios sobre la dinámica familiar del niño, como así también solicitó evitar la difusión de imágenes e información del chico en razón del perjuicio que ello representaría.

En la audiencia se expuso que el cuerpo médico constató que el bebé no tenía signos de violencia física al ingresar al dispositivo.

El lunes último, la jueza Güemes fue hasta el Hogar en donde el niño está alojado y verificó que se encuentra en perfecto estado, y recibió además un informe pormenorizado de su situación de salud. La abuela paterna, sin embargo, había indicado que, al verlo el viernes, se dio con que el bebé tenía bronquitis.

Sin pedido anterior de tutela paterna

“Es la primera vez que se tramita la guarda formal ante el pedido de la rama paterna, no existiendo registros ni causas anteriores con este requerimiento”, indicó el Poder Judicial, que destacó que la de ayer fue la primera vez que la abuela paterna y el padre del bebé solicitaron a la administración de justicia que se les otorgue la guarda.

En la audiencia se escucharon detalladamente los informes de los psicólogos y trabajadores sociales. Para el desarrollo del acto y la toma de la decisión, la jueza contó con el soporte técnico de una psicóloga y una trabajadora social pertenecientes al equipo interdisciplinario del Poder Judicial, profesionales que además junto a los de la Secretaría de Niñez tendrán a su cargo el abordaje integral y el seguimiento de la dinámica familiar por el plazo de 30 días.

Golpeada en el embarazo de Thiago

En las causas tramitadas ante los Juzgados de Violencia Familiar y de Género no surgen constancias de violencia por parte de la madre respecto de sus hijos, actualmente detenida junto a su actual pareja.

En contrapartida, se destacó que existen numerosas denuncias en contra del padre de los niños, de apellido Altamirano, radicadas en su momento por la madre. Además, se registró la denuncia de una vecina por agresiones físicas cuando la joven, que entonces tenía apenas 17 años, estaba embarazada de siete meses del niño ahora fallecido. Por esta razón, Thiago nació cuando su madre había logrado a su favor una restricción judicial de acercamiento hacia el progenitor. Esa prohibición de acercamiento sigue vigente.

Por estos hechos de violencia el padre biológico deberá afrontar próximamente un juicio penal en una causa por lesiones agravadas por la relación de pareja previa y por el género (dos hechos en concurso real).