Tiene media sanción la prórroga de la emergencia por violencia de género

A 12 años de la declaración, la Cámara de Senadores aprobó una nueva prórroga de dos años de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género.
Salta

Aunque con cuestionamientos por la efectividad y las cifras récord de femicidios, la aprobación fue por unanimidad, tras la exposición de la senadora Leonor Minetti (del bloque oficialista, por el departamento Rosario de Lerma), coautora del proyecto de prórroga junto a la senadora Alejandra Navarro.

Al hablar como miembro informante, Minetti hizo un repaso por los antecedentes de la emergencia y la experiencia en su aplicación en la provincia. Recordó que la emergencia se declaró mediante un decreto de necesidad y urgencia de 2014. “Su dictado respondió a la necesidad de fortalecer el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación” y a la urgencia de implementar políticas públicas de asistencia integral frente a una problemática que por su gravedad fue expresamente caracterizada como una vulneración de derechos humanos", sostuvo.

Desde entonces la emergencia viene prorrogándose por dos años.

En los doce años que van desde su sanción a la fecha, “se han producido avances concretos en materia institucional y normativa” pero “no han implicado la desaparición de las causas y de las manifestaciones de la violencia de género. Por el contrario, el propio tratamiento legislativo de cada una de las prórrogas ha señalado reiteradamente la necesidad de sostener, profundizar, descentralizar y fortalecer las políticas públicas desarrolladas”, aseguró la senadora.

Y detalló. En 2016, en la primera prórroga, se destacaba la puesta en funcionamiento de oficinas específicas, al mismo tiempo se advertía “que continuaban produciéndose numerosas situviolencia”, por lo que por lo que era necesario profundizar las medidas y “avanzar sobre las causas estructurales que reproducen desigualdades, estereotipos y relaciones de poder que favorecen a la naturalización de la violencia”.

En el tratamiento de la prórroga de 2018 se caracterizó la emergencia como una herramienta legislativa que permite al Poder Ejecutivo “implementar políticas públicas orientadas a la erradicación de la violencia y promover cambios estructurales”.

En 2020 se destacó el crecimiento de la institucionalidad especializada y la necesidad de contar con recursos suficientes. En 2022 se puso énfasis en la necesidad de avanzar en el trabajo articulado entre los distintos organismos, descentralizando las políticas de prevención, acompañamiento y asistencia. En 2024 se reconocieron los avances pero se sostuvo expresamente la necesidad de continuar profundizando la intervención del Estado provincial.

“La experiencia acumulada permite afirmar entonces que la persistencia de la emergencia no puede medirse únicamente a partir de la existencia o de la cantidad de organismos creados”, señaló Minetti antes de concluir: “La violencia de género es un fenómeno complejo y multidimensional cuya prevención y erradicación requiere políticas sostenidas, coordinación institucional, capacidad de respuesta territorial, mecanismos adecuados de protección y asistencia, producción de información y recursos suficientes para actuar con oportunidad frente a situaciones de riesgo”, concluyó.

Por su parte, el senador libertario por el departamento Capital, Roque Cornejo, adelantó su voto a favor de la prórroga, pero planteó algunas diferencias con el oficialismo. Empezó por recordar que “Salta tiene récord en emergencias” y luego afirmó que el gobierno provincial debería presentar un plan para superar estas emergencias.

Asimismo, destacó que en lo que va del año la provincia ya superó la cantidad de femicidios de 2025. Es un alerta, dijo. “La provincia está entre las tres provincias con más casos de femicidios”.

Por otra parte, Cornejo habló de la acción del Gobierno nacional vinculada a la violencia de género. Sostuvo que Salta es la segunda provincia donde más niños y niñas perciben la ayuda prevista en la Ley Brisa para hijos e hijas de mujeres asesinadas. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei eliminó áreas específicas que llevaban a cabo políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género.

La prórroga fue finalmente aprobada por unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

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