El 42,4% de los chicos del NOA son pobres y el presupuesto nacional retrocede

La pobreza infantil en la región bajó respecto del pico de 2023, pero todavía se mantiene por encima de los niveles de 2018. Sin embargo, Nación prevé reducir partidas para educación, salud y alimentación.
Salta

Más de cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes del Noroeste argentino viven en la pobreza. El dato resume una de las principales tensiones que atraviesan las políticas destinadas a la infancia. Si bien los indicadores mejoraron respecto del pico registrado en 2023, el Estado nacional viene reduciendo el presupuesto destinado a sostener buena parte de las políticas públicas que impactan sobre esa población.

Un nuevo informe de la agencia Ciudadana Comunicación analizó la evolución de la pobreza infantil en el NOA, el alcance de las transferencias de ingresos y el comportamiento del presupuesto nacional para niñez y adolescencia. El resultado muestra una mejora respecto de los peores registros de los últimos años, pero también una advertencia sobre la continuidad de esa tendencia.

Según los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y UNICEF Argentina, en 2026, el 42,4% de niñas, niños y adolescentes del NOA vive en la pobreza. La indigencia infantil alcanza el 8,3%.

El registro representa una mejora respecto de 2023, cuando la pobreza infantil había trepado al 52% y la indigencia al 12,3%. Pero la comparación con una perspectiva más larga muestra los límites de esa recuperación, puesto que en 2018 la pobreza infantil regional era del 38,4%. Es decir, el indicador actual todavía se encuentra cuatro puntos por encima de aquel registro.

En el caso de Salta, el panorama general presenta algunos indicadores mejores que los del conjunto del NOA. Durante el primer semestre de 2026, el 29,7% de las personas relevadas en el aglomerado urbano Salta se encontraban bajo la línea de pobreza, según el INDEC. El porcentaje fue inferior al promedio regional, del 31,5%, y al nacional, del 32,3%.

La indigencia alcanzó al 4,4% de la población salteña, apenas una décima de punto porcentual por encima del promedio del NOA y 3,1 puntos porcentuales por debajo del registro nacional. Entre los seis aglomerados urbanos relevados en la región, Salta tuvo la tercera tasa de pobreza más baja.

Sin embargo, el dato provincial convive con una situación más compleja cuando se observa específicamente a la infancia. El Índice Provincial de Niñez, elaborado por UNICEF, ubicó a Salta entre las provincias que registraron avances importantes durante la última década, con una mejora especialmente visible entre 2024 y 2025. Con un valor de 0,581, la provincia permanece por debajo del promedio nacional, que es de 0,630. El principal rezago aparece en educación.

La AUH como principal sostén

En este escenario, las transferencias de ingresos cumplen un papel central. El informe señaló que, sin estas políticas, la situación de la infancia sería considerablemente peor: la pobreza infantil pasaría de 42,5% a 47,8%, mientras que la indigencia aumentaría de 9,5% a 16,4%. La Asignación Universal por Hijo (AUH), junto con otras herramientas como la Prestación Alimentar y el Plan 1000 Días, funciona así como un piso de protección para millones de familias.

En Salta, a septiembre de 2026, hay 177.090 beneficiarios de la AUH. La Nación concentra casi exclusivamente su participación en la inversión social en la niñez, en este tipo de transferencias. Según el informe, el 98% del aporte nacional corresponde a la protección de ingresos.

El problema aparece cuando se observa qué ocurre con el resto de las políticas. Educación, salud, alimentación y protección de derechos dependen cada vez más de los recursos provinciales. A nivel nacional, las provincias financian el 67% de la inversión social en niñez y ejecutan el 70% del gasto. También sostienen el 96% del gasto en educación y el 81% del gasto en salud.

Menos presupuesto, menos cobertura

El repliegue nacional también puede observarse en programas concretos que llegan a Salta. Uno de los casos señalados por Ciudadana Comunicación es el de los comedores escolares. Entre 2024 y 2025, la cantidad de escuelas salteñas asistidas pasó de 283 a 114, una reducción del 59,7%. Al mismo tiempo, los estudiantes alcanzados disminuyeron de 29.463 a 22.309.

En 2025, Salta recibió 4.377 millones de pesos de un programa nacional que distribuyó fondos entre 22 jurisdicciones. Sin embargo, la transferencia de recursos se produjo junto con una reducción significativa de la cobertura territorial.

El informe también registró los retrocesos en otras áreas. En educación, la ejecución presupuestaria cayó 28% en términos reales entre 2025 y 2026. Las becas disminuyeron 44%, mientras que la inversión en conectividad e infraestructura escolar cayó 96% y la formación docente, 98%.

En salud infantil, la asistencia a los sistemas provinciales se redujo un 67 % en términos reales en 2026, después de una caída del 62% en 2025. También disminuyeron las transferencias al Hospital Garrahan y los recursos destinados a vacunas.

La primera infancia tampoco quedó al margen. El Plan Nacional de Primera Infancia cayó 51% en 2025 y el programa de Acompañamiento en Crianza tuvo una reducción del 100% ese año. Para 2026, el informe registra nuevas bajas en áreas vinculadas con salud integral y educación y cuidado.

Un presupuesto que vuelve a 2023

La discusión se proyecta ahora sobre el Presupuesto 2027. Según el análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), incorporado al informe, las principales transferencias destinadas a la niñez —AUH, Prestación Alimentar, Asignaciones Familiares, Plan 1000 Días y Beca Progresar— volverían el año próximo a un nivel similar al de 2023.

El dato tiene particular relevancia porque 2023 aparece como uno de los puntos más bajos de la serie. Ese año, las transferencias ya habían sufrido una caída superior al 20% respecto de los dos períodos anteriores.

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora, además, una modificación en el mecanismo de actualización de la AUH y las Asignaciones Familiares. El proyecto propone derogar los artículos de la Ley 27.160 que establecen su movilidad automática, sin establecer en su reemplazo una fórmula ni una periodicidad mínima de actualización.

ACIJ advirtió que bajo ese esquema los aumentos quedarían sujetos a las decisiones presupuestarias del Gobierno nacional. Como antecedente, la asociación señaló que la Prestación Alimentar permaneció 23 meses sin actualización.

Las reducciones proyectadas para 2027 alcanzan también a otros programas sensibles. La Educación Sexual Integral aparece con una caída del 98,5% respecto de 2023; la salud sexual y reproductiva, con una reducción cercana al 30%; y el conjunto de programas contra la violencia de género, con una baja del 89%.

También se proyectan fuertes reducciones en partidas vinculadas a la vivienda y al acceso al agua potable, mientras que el informe advierte sobre modificaciones que impactarían en las políticas destinadas a personas con discapacidad.

El escenario deja planteada una discusión que excede las cifras del presupuesto. En el NOA, donde 42 de cada 100 chicos son pobres, la mejora registrada desde 2023 convive con un Estado nacional que reduce su participación en políticas de educación, salud, alimentación y protección.

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