
En seis meses se sumaron más deudores alimentarios que en un año en Salta


La cantidad de deudores alimentarios en Salta continúa en aumento, según detalló la secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri. De esta manera. el registro ya alcanza las 2.080 personas inscriptas, frente a las aproximadamente 1.680 que figuraban a principios de año. Esto representa un incremento cercano a los 400 casos en pocos meses.
El crecimiento contrasta con la escasa cantidad de bajas que registra la nómina. Actualmente, se producen entre una y dos por mes, aunque en algunos períodos llegaron a cuatro.
La inscripción en el Registro no constituye la primera instancia de un reclamo por incumplimiento de la cuota alimentaria. Antes de llegar a esta medida, deben agotarse distintas herramientas, como conciliaciones, mediaciones, intimaciones, apercibimientos y actuaciones judiciales.
Las bajas pueden producirse cuando la persona beneficiaria alcanza la mayoría de edad, cuando las partes establecen un nuevo acuerdo o cuando se cancelan las deudas que originaron la inscripción.
Qué restricciones tienen los deudores alimentarios
La incorporación al Registro puede generar distintas consecuencias para quienes incumplen con sus obligaciones. Una de ellas es la imposibilidad de ingresar a partidos de fútbol mediante los controles del programa Tribuna Segura.
En Salta, esta medida se encuentra vigente desde hace más de un año. El mecanismo funciona a partir del intercambio de información entre el Poder Judicial provincial y los organismos nacionales, que incorporan los datos a los controles de acceso a los estadios.
Además, los jueces pueden disponer otras medidas para procurar el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Entre ellas, figuran los embargos sobre billeteras virtuales, las restricciones para otorgar escrituras públicas o registrar derechos reales y, en determinados casos, la prohibición de salir del país.
El objetivo del Registro es generar un mecanismo disuasivo para que los responsables regularicen su situación y cumplan con las obligaciones económicas.
Cómo se determinan las cuotas alimentarias
El monto de una cuota alimentaria depende de las necesidades de quien recibe los alimentos y de las posibilidades económicas de la persona obligada a pagar.
Para establecerlo, se consideran aspectos como la edad, alimentación, vestimenta, vivienda, salud y posibles situaciones de discapacidad. También se contempla si se trata de un niño, adolescente o una persona mayor de edad que continúa sus estudios superiores.
En términos generales, cuando se trata de uno o dos hijos, las cuotas pueden oscilar entre el 20% y el 30% de los ingresos. Para más de dos hijos, los porcentajes pueden alcanzar el 40% o el 50%. Sin embargo, no existen valores automáticos y las partes pueden acordar montos fijos o porcentuales.
Uno de los principales obstáculos para garantizar el cobro aparece cuando el deudor trabaja de manera informal. La falta de información precisa sobre sus ingresos dificulta la aplicación de embargos y otras medidas judiciales.
También existen casos en los que se proponen pagos en especie, como cubrir gastos escolares, actividades deportivas, ropa o mercadería. Estas alternativas deben ser evaluadas judicialmente y no reemplazan automáticamente la obligación de pagar la cuota establecida.
Los acuerdos no siempre evitan nuevos incumplimientos
La mediación y los acuerdos entre las partes son herramientas prioritarias en los procesos de familia. Sin embargo, alcanzar una solución no garantiza que los compromisos se mantengan en el tiempo.
De hecho, se registran situaciones en las que una persona obtiene la baja del Registro y posteriormente vuelve a ser incorporada por nuevos incumplimientos.
Entre los argumentos que suelen aparecer en estos procesos se encuentran la pérdida del empleo, los cambios en la situación económica y las demoras en los pagos.
El aumento de las inscripciones y la escasa cantidad de bajas reflejan la persistencia de los incumplimientos alimentarios en la provincia. Una problemática que impacta directamente en niños, adolescentes y otras personas que dependen de esos recursos para cubrir sus necesidades básicas.


















