Una fiscalía penal investiga la muerte de cuatro personas e intenta determinar si fueron atendidas por el sistema sanitario. Las dudas sobre los casos de Eduardo Chañe, Gabriel Alejandro Paz, Juan Alberto Agüero y Luis Mendoza, conocidos en los últimos días, son las que generaron la actuación de oficio en el contexto de la pandemia.

El fiscal Ramiro Ramos Ossorio inició actuaciones con el fin de esclarecer las circunstancias en las que fallecieron los pacientes, tras la denuncia sobre falta de atención que hicieron sus familiares en las redes sociales.

“El punto en común es que todos hicieron reclamos en redes sociales porque no fueron atendidos y después murieron”, indicó una fuente judicial.

El periodista deportivo Eduardo Chañe tenía COVID-19. La familia sostuvo que esperó ocho horas en una clínica privada, no lo atendieron y lo llevaron al hospital San Bernardo, donde murió.

En el caso de Gabriel Alejandro Paz, creía tener coronavirus pero un hisopado post mórtem le dio negativo. Con 29 años, falleció luego de pedir ayuda en un video que se viralizó en las redes sociales.

El deceso ocurrió el sábado. Sus familiares aseguran que sufrió “abandono” por parte del sistema público de salud”. Tras conocerse el caso, la ahora exministra de Salud, Josefina Medrano, había dicho en un programa de televisión que el joven falleció luego de negarse a la internación.

José Luis Mendoza era policía desde hace 17 años y murió en el hospital Señor del Milagro. Prestaba servicio en la Dirección de Seguridad Urbana de la Unidad Regional 1 de Salta. Su familia había hecho una campaña para pedir que le donaran plasma.

Juan Alberto Agüero era un trabajador del turismo. Un amigo describió que, pese que estaba en un grupo de riesgo por su edad y por una enfermedad preexistente, no lo internaron y que tampoco recibieron ayuda cuando se agravó y llamaron al Samec.

Entre las medidas ordenadas por Ramos Ossorio, se solicitaron informes al Sistema de Emergencias 911 para verificar si se realizaron llamados para pedir asistencia; cuántos se efectuaron en cada caso y qué respuestas se dieron.

Además, otros pedidos de informes fueron dirigidos al COE (Comité Operativo de Emergencias), el COCS COVID-19 (Central de Operaciones Control y Seguimiento) y a quienes coordinan las acciones entre el sistema público y privado de salud, entre otros organismos.

También se requirió información sobre los registros de verificaciones que se hicieron desde el SAMEC y el Ministerio de Salud, y detalles sobre si asistieron a los domicilios de los pacientes.

En el caso de Eduardo Chañe, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, también se solicitó la historia clínica al Instituto Médico de Alta Complejidad, IMAC.

El fiscal además inició actuaciones para investigar si existió comisión de delito en un hecho en el que una persona activó el protocolo para COVID-19 luego de requerir asistencia sanitaria públicamente, aunque posteriormente se confirmó que no presentaba ningún síntoma compatible con la enfermedad.

En un mensaje a la comunidad sobre la situación sanitaria que difundió por las redes sociales el gobernador Gustavo Sáenz el martes a la noche, manifestó su preocupación específicamente por los casos de Eduardo Chañe y Gabriel Alejandro Paz.

El mandatario expresó su pesar por los dos fallecimientos y también aseguró que se buscaría determinar qué ocurrió.