Se inició la semana pasada tras un informe de la Policía Federal respecto a las denuncias públicas, a través de redes sociales, en las que refirió al reclamo por el presunto cobro por la transfusión de plasma a pacientes afectados con coronavirus.

Extraoficialmente, se supo que el caso lo lleva adelante el fiscal federal, Eduardo José Villalba, quien inició las actuaciones preliminares del caso a partir del reporte remitido por la División Investigación de Falsificación y Adulteración de Fármacos de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

En vista de ello, y con asistencia de la auxiliar fiscal Mariana Gamba, se dispusieron diversas medidas a fin de establecer el presunto delito denunciado en las redes sociales, hecho que se le atribuyó al médico y gerente de la empresa HemoSalta SRL, Martín de la Arena.

La investigación, cabe resaltar, se ancla en base al artículo 91 de la Ley 22.290, el cual establece penas de prisión de seis meses a 5 años, como así también una multa de 10 a 500 mil pesos.

Esta penalidades, según la norma legal, están prevista para “el que intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, fuera de los casos autorizados en la presente ley o el que diere a la sangre, sus componentes o derivados, un destino distinto del que ella autoriza”.

Esta conducta, según surge del caso, aparece presumible en la denuncia que se realizaron en contra de la empresa HemoSalta SRL, razón por la cual la fiscalía federal dispuso las medidas de investigación, ya que el artículo 95, de la misma Ley, establece que la competencia de persecución penal corresponde a la justicia federal.

Al respecto, cabe señalar que el Ministerio Público Fiscal de la Provincia contempló esta posibilidad en un comunicado dado a conocer la semana pasada, en el que se hizo referencia a los artículos 91 y 95 de la denominada Ley de Sangre.

Por otra parte, según fuentes judiciales, se conoció que el viernes pasado, desde la fiscalía federal se remitió a la Unidad de Delitos Económicos Complejos un escrito a fin de que se remita actuaciones realizadas en torno al caso.