Del requerimiento surgió que la conducta del imputado fue establecida, en primer lugar, a través de las declaraciones de la madre de la víctima, quien radicó denuncia en marzo de 2019, luego de tomar conocimiento de que su hija de 16 años cursaba un embarazo que sería producto de un abuso por parte del acusado, quien se desempeñaba como maestro en la Iglesia Evangelista a la que solían concurrir.

En su declaración, la denunciante manifestó que el imputado era profesor en esa Iglesia, que leía la Biblia, tomaba asistencia y era miembro activo de la comunidad.

Los abusos impartidos por el acusado, sucedieron en reiteradas ocasiones y la primera vez ocurrió cuando la víctima tenía 15 años, luego de que el imputado la llevara a un baldío, donde la tiró al suelo y abusó sexualmente de ella.

Relató que en otras ocasiones, el acusado la esperaba en la puerta del colegio y la llevaba a la casa de su tía, donde la forzaba a tener relaciones sexuales, mientras que en otras ocasiones, los ultrajes ocurrieron en una casa del centro de la Ciudad de Salta.

El fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, destacó que las circunstancias ya mencionadas, fueron acreditadas con la declaración de la víctima pero también con la evidencia irrefutable del del informe de ADN del CIF, que arrojó como resultado el vínculo biológico entre el acusado y el hijo de la víctima.

Sostuvo que el acusado vulneró la integridad sexual de la víctima, al accederla carnalmente de manera continua, al ser docente de la menor, lo que indudablemente facilitó la comisión de los abusos durante todo el tiempo, con lo que los eventos se ven agravados.