Robo de caños: Prado quedó libre pero no puede salir del país

A exactamente un mes de su detención, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso ayer el cese de la prisión preventiva impuesta al exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, uno de los 11 imputados por el millonario robo de caños del gasoducto del NEA.

Tras la disposición del juez Montoya, Prado, quien se encontraba detenido desde el 18 de noviembre último en la cárcel federal de General Güemes, estaba en condiciones de retornar a su domicilio en Aguaray, donde deberá cumplir con estrictas medidas dispuestas dentro de la investigación.

Entre estas medidas figura la prohibición de salir del país y de acercarse a la sede de la Municipalidad de Aguaray, dado que, según la fiscalía, el exintendente "tiene la influencia y ascendencia sobre los empleados del municipio", lo cual puede entorpecer la continuidad de las investigaciones y la recolección de testimonios que aún restan en ese entorno.

No obstante se supo que, de acuerdo a la investigación efectuada, los datos obtenidos mientras Prado estuvo en prisión "no solo confirman la hipótesis criminal, sino también permitieron profundizar la investigación en otros aspectos".

Esto, casualmente, llevó a la fiscalía a pedir otras testimoniales, aparte de las 13 que se fijaron inicialmente. Con el aporte de los testigos es que se solicitaron otras medidas, como el secuestro de documentación y de computadoras.

La detención de Prado ocurrió el pasado 17 de noviembre en un domicilio del barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta. Efectivos de Gendarmería llegaron al lugar y procedieron a la notificación y detención del imputado, quien no opuso resistencia. Fue alojado inmediatamente en el destacamento de Gendarmería en Chachapoyas y luego trasladado hasta la prisión federal de Güemes.

La prisión preventiva del exintendente Prado se había dispuesto, en una primera etapa, hasta el 6 de diciembre. Luego, y dados los nuevos elementos probatorios reunidos al comenzar a la toma de testimoniales en ese municipio, el fiscal solicitó una extensión, la cual fue fijada por el juez Montoya hasta el 18 de diciembre.

En vista de ello, el fiscal consideró que cumplirá con el plazo de investigación solicitado en principio, el cual se vence en febrero próximo, puesto que ya se reunieron numerosos elementos de pruebas, como así también se recuperaron más de 300 caños a partir de las medidas impulsadas desde la Unidad Fiscal. "El trabajo reunió ya numerosas pruebas, aunque todavía restan más testimoniales. Por ello, y dado el vencimiento del plazo de prisión preventiva, se prohibió el acercamiento de Prado a la Municipalidad de Aguaray", se indicó.