
Las cinco se encuentran acusadas de integrar una organización que, aprovechándose de la relación con un hombre, hicieron transferencias bancarias sin autorización, despojándolo de los ahorros de toda una vida.
Son de Córdoba y fueron detenidos después de una tarea de inteligencia entre la policía de la provincia y la de Córdoba. Están acusados de 18 estafas y según dijo el fiscal del caso, no descartan nuevas detenciones.
Policiales


El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a Cristo Arnaldo Suárez, Rocío Inés Roldán Matuz, Mabel Deolinda Díaz y Eduardo Emanuel Vale, todos con domicilio en la provincia de Córdoba, acusados de los delitos de estafa (18 hechos) y asociación ilícita, todo en concurso real. Los imputados continuarán detenidos y el fiscal no descartó nuevas detenciones en el marco de la investigación.


Del decreto de imputación, surgió que los acusados formaban parte de un grupo delictivo con división de tareas para hacer incurrir en error a las víctimas, a quienes convencieron de realizar disposiciones patrimoniales. Para esto, los acusados utilizaron, en todos los casos, la misma línea telefónica para comunicarse con las víctimas. Luego vaciaron sus cuentas bancarias y solicitaron distintos préstamos de dinero, por lo que causaron un perjuicio económico de importancia a sus víctimas.
Para las disposiciones patrimoniales que obtuvieron mediante los engaños, los imputados aparentaron -en algunos casos-, que llamaban para realizar un giro de dinero para un familiar enfermo; mientras que en otros, les hicieron creer que ganaron un premio y expresaron mentidamente a los damnificados que, para poder recibirlo, debían ingresar sus datos en el cajero automático, con lo que burlaron la buena fe de las víctimas.
Tras diversas tareas investigativas, fue requerido al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento en los domicilios de los acusados, medida con la que se logró el secuestro de diversos elementos probatorios como celulares, chips tarjetas de memoria, documentación varia y dinero en efectivo, además de concretar la detención de los imputados.

Las cinco se encuentran acusadas de integrar una organización que, aprovechándose de la relación con un hombre, hicieron transferencias bancarias sin autorización, despojándolo de los ahorros de toda una vida.

La causa de muerte fue determinada científicamente y confirmada mediante los informes de autopsia, de anatomía patológica, así como por los informes criminalísticos y médicos coincidentes.

Entre los condenados están el comprador de los 15 kilos de marihuana que la organización traía de Orán y otros dos implicados. Por otra parte, el juicio a los líderes fue programado para febrero de 2026.

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Durante el procedimiento, trabajadores municipales fueron atacados y el vehículo oficial sufrió daños. El vendedor no contaba con habilitación y ya había sido notificado en reiteradas oportunidades.



