
El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.
10 policías de la comisaría 42 de Tartagal fueron detenidos por gravísimos hechos violentos sucedidos en una de las comisarías más denunciadas por el Comité Contra la Tortura.
Policiales


Los 10 efectivos quedaron detenidos luego de la intervención del fiscal de Derechos Humanos Gabriel González, quien avanza en las medidas investigativas. Los incidentes sucedieron en la madrugada del domingo 29 cuando los alojados en la Comisaría, habrían sido sometidos a golpizas y actos denigratorios.


El fiscal González inició el proceso de investigación ordenando entrevistas con las posibles víctimas. También solicitó la identificación del personal policial involucrado, el secuestro de libro de guardias, de dispositivos móviles, inspección ocular y registro de las instalaciones de la dependencia.
Se registraron denuncias penales, constándose en los correspondientes informes médicos, la presencia de hematomas, equimosis, fractura, y varias lesiones diversas.
En las denuncias se relatan hechos de tortura, azotes y golpes con diversos elementos como látigo, cachiporras y palos. Los detenidos habrían sido obligados a desnudarse y permanecer de ese modo, durante largo periodo de tiempo, estimándose que el incidente se inició a las 3 de la madrugada, dando por finalizado a horas 7 aproximadamente.
Señalan también que mientras se los golpeaba, procedieron a destruirles elementos personales. Según consta en algunos relatos, aducen haber sido obligados a meter la mano en el lugar donde defecan, o haber sido sometidos a la simulación de ejecuciones mediante escopetas, todo esto, mientras se escondían bajo los colchones quienes permanecían en sus celdas.
Se agrega que posterior a radicar sus testimonios, algunos señalaron haber sido amenazados respecto a lo que podría suceder como consecuencia de sus denuncias, mensaje que incluso fue recibido por familiares.
Por todo esto, el fiscal González solicitó la detención de un grupo de 8 efectivos de la División Infantería de Tartagal y 2 efectivos de la Comisaría 42. El día lunes 6, luego del control de legalidad ante el Juzgado de Garantías 1º Nominación de Tartagal que dio curso a la solicitud de detención, los involucrados serán conducidos a Fiscalía de Derechos Humanos para la correspondiente audiencia de imputación.

El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.

El episodio ocurrió cerca de las 22 horas y movilizó a bomberos, personal penitenciario y al servicio médico. Se inició una investigación interna y judicial.

Durante un control de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán, se demoró un colectivo que llevaba trabajadores golondrina que viajaban desde Orán a Mendoza.

Una investigación por la muerte de una mujer de 25 años derivó en una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la capital salteña. La justicia sospecha que la víctima consumió drogas facilitadas por los detenidos.

La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.

Durante la jornada de este miércoles, declaró una testigo citada por la Fiscalía y seis testigos citados por la defensa técnica de los acusados.



En un acto cargado de emoción, Sáenz llamó a llenar las urnas de esperanza, reafirmando que “el domingo empieza a cambiarse la historia para todos los salteños".

El pozo petrolero Lomas de Olmedo se encuentra fuera de control desde marzo, registró derrames de hidrocarburos, emanación de gases tóxicos y la muerte de fauna.

Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.



