
Durante un control de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán, se demoró un colectivo que llevaba trabajadores golondrina que viajaban desde Orán a Mendoza.
La denuncia fue presentada por familiares de una de las hermanas por supuesta "privación ilegítima de la libertad". Con orden de allanamiento, se ingresó al predio y la mujer damnificada, fue retirada del lugar.
Policiales


Las actuaciones se iniciaron a partir de la iniciativa de una mujer perteneciente al claustro, quien manifestó a sus familiares, oriundos de la provincia de Mendoza, que quería abandonar el Convento, pero se le negaba la posibilidad.
Según consta en las actuaciones, a inicios del mes de diciembre y en un primer acercamiento, las autoridades religiosas manifestaron que debían disponer de la autorización proveniente del Vaticano, sin embargo cuando esta documentación estuvo disponible, le negaron la posibilidad de retirarse.
Fueron infructuosas las iniciativas en búsqueda de un acuerdo, al punto en el que desde esa Institución se llegó a prohibir directamente el contacto con los familiares de la mujer.
Ante tal situación, este martes 20, desde la Fiscalía se dio la directiva a la Policía de entrevistarse con las autoridades del Convento pero no fueron recibidos. Esto motivó que el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio enviara a auxiliares fiscales a intentar el cometido, pero también fue rechazado, sin posibilidad de ingreso al lugar para notificación.
Con los elementos de convicción reunidos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento para el predio. Con la intervención de la fuerza pública y la colaboración de Bomberos, se logró ingresar al edificio sin forzar el acceso.
Una vez en el interior, se pudo entrevistar a la mujer damnificada, quien ratificó su intención de retirarse del lugar, por lo que fue trasladada a un lugar seguro.
El Fiscal explicó que las actuaciones continúan su trámite y que dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado.

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Una investigación por la muerte de una mujer de 25 años derivó en una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la capital salteña. La justicia sospecha que la víctima consumió drogas facilitadas por los detenidos.

La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.

Durante la jornada de este miércoles, declaró una testigo citada por la Fiscalía y seis testigos citados por la defensa técnica de los acusados.

Se trata de un hecho denunciado según el cual, la camioneta en la que circulaban resultó con daños en una de sus ventanillas.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal detalló cómo se realizó la búsqueda, cómo hallaron el cuerpo del excomisario y las pericias que se realizaron para señalar que se trató de un suicidio.





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En un acto cargado de emoción, Sáenz llamó a llenar las urnas de esperanza, reafirmando que “el domingo empieza a cambiarse la historia para todos los salteños".

Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.



