
La investigación inició en 2024 ante reiteradas denuncias de una comunidad originaria sobre la extracción ilegal de madera de especies nativa que estaría realizando un grupo de personas en el Lote Fiscal 26.
En 2019, el sujeto había sido condenado a tres años de prisión por hechos de violencia y quedó libre enero de 2022. Salió y volvió a agredir a la misma mujer. La justicia le ordenó pagar $90.000.
PolicialesLa fiscal Penal interina de Violencia Familiar y de Género 2, Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio mediante trámite abreviado en la que un hombre fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, declarándoselo reincidente por primera vez.
El hombre llegó al juicio acusado por los delitos de coacción, amenazas, amenaza con arma e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar; en concurso real. El hombre reconoció su responsabilidad en los hechos.
En 2019, el acusado había sido sentenciado a tres años de prisión de ejecución efectiva por ser autor de los delitos de amenazas (cuatro hechos); desobediencia a la autoridad (cinco hechos); incumplimiento de los deberes de asistencia familiar; y violación de domicilio. Fue puesto en libertad en enero de 2022.
El 14 de agosto de 2022, la expareja del hombre, que fue quien lo denunció en 2018 por violencia de género, presentó una denuncia detallando que en ese día el individuo la abordó en la vía pública en un estado de ebriedad y trató de agredirla físicamente mientras la amenazaba de muerte. Además, relató otros episodios de violencia de género, que resultaron en su despido laboral debido a las amenazas dirigidas incluso a su empleador.
La víctima, contó que anteriormente se había presentado en la fiesta de una amiga y le había cuestionado su presencia en el evento, siendo amenazada horas más tarde por el hombre con un destornillador.
Como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la víctima y el agresor, éste entregará a su expareja la suma de 90.000 pesos en concepto de reparación de daño; además de someterse a un tratamiento por sus adicciones y psicológico con perspectiva de género.
La investigación inició en 2024 ante reiteradas denuncias de una comunidad originaria sobre la extracción ilegal de madera de especies nativa que estaría realizando un grupo de personas en el Lote Fiscal 26.
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