Tres imputados por contrabandear granos a Bolivia por pasos clandestinos

El juez federal de garantías de Orán, Gustavo Montoya, formalizó la imputación formulada por la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad contra tres hombres acusados como coautores de los delitos de contrabando de exportación de mercaderías doblemente agravado por la cantidad de participantes y por el monto de la mercadería, asociación ilícita y lavado de activos, y les dictó la prisión preventiva.

Los imputados son Hugo Llanos y su hijo Cristian Gabriel, y Víctor Mario Sosa, a quienes se les secuestraron 419 toneladas de soja y trigo embolsadas, cinco vehículos, tres armas de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación de interés durante una serie de allanamientos realizados el 5 de febrero pasado en las ciudades de Aguaray y Salvador Massa y en la provincia de Santiago del Estero por personal de la Gendarmería Nacional de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales y del Escuadrón 52 de Tartagal y de la Unidad de Reconocimiento "Mosconi".

Los procedimientos que permitieron dar con los granos destinados a la exportación de manera clandestina fueron requeridos por el fiscal federal subrogante de Tartagal, Marcos César Romero, quien actuó en el caso con la asistencia del auxiliar fiscal José Rafael Lamas. La Sede Descentralizada de Tartagal había solicitado el 30 de enero pasado la realización de seis allanamientos en el marco de una investigación iniciada el 9 de agosto de 2022 a partir de una denuncia formulada por la División Investigaciones Regionales 1 - Noroeste de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Las escuchas telefónicas directas que se estaban realizando sobre los principales imputados llevaron a la fiscalía a apurar los allanamientos. En las comunicaciones se precisaba que entre el 31 de enero y el 2 de febrero pasados se produciría el transporte de varias cargas de granos en distintos camiones de gran porte desde la localidad de Sachayoj, en la provincia de Santiago del Estero, hacia la ciudad de Salvador Mazza, en Salta, con destino específico en los depósitos para el acopio que poseen los imputados. La información indicaba que luego serían transbordados en camiones de menor porte, debidamente acondicionados para el transporte de granos, que cruzarían la mercadería hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.

La investigación

La denuncia inicial de la Aduana refirió que el imputado Hugo Llanos se encontraba inscripto como importador/exportador desde enero de 2020 y que registraba consumos realizados en 2021 por casi 77 millones de pesos y a julio de 2022 por más casi 126 millones de pesos. La DGA añadió que, sin embargo, no existían liquidaciones primarias y/o secundarias ni cartas de porte emitidas y/o recibidas por el ahora imputado.

"Al comparar las ventas totales declaradas con los importes acreditados en su cuenta bancaria entre el período 2021 y de enero a julio de 2022, en ambos casos las acreditaciones resultaron inferiores, siendo que el 94% y 88% de los ingresos se encontrarían al margen del circuito bancario", describió la fiscalía en base a la denuncia.

La DGA informó su sospecha de que "Hugo Llanos sería parte integrante de una organización que simularía operaciones comerciales principalmente de granos en el mercado interno, de forma tal que, arribada la mercadería a la ciudad de Salvador Mazza, se deposita, acopia, en lugares o predios colindantes a la frontera, cuya estructura facilitaría la extracción ilegal de las mismas hacia el Estado Plurinacional de Bolivia por pasos no habilitados".

A partir de la investigación judicial, las tareas de inteligencia criminal permitieron constatar que el imputado poseía dos depósitos en Salvador Mazza, en donde se observó una gran cantidad de bolsas de granos, y pudo establecerse que allí descargaban mercadería en camiones de gran porte, que posteriormente era introducida en vehículos de menor tamaño para trasladarla a Bolivia por pasos no habilitados, específicamente por una zona denominada "El Chorro".

Entretanto, el 14 de agosto de 2022 personal del Escuadrón 54 de la Gendarmería Nacional detuvo un camión que circulaba desde Chaco hasta Salvador Massa con 35 toneladas de soja destinada a Llanos con documentación asociada que presentaba irregularidades. Por otro lado, seis días antes, el 8 de agosto de aquel año, la División Aduana Pocitos sorprendió a Llanos cuando ingresaba al país con USS $7.300 y $770.000 pesos sin declarar.

En este contexto, la fiscalía solicitó la intervención telefónica de Llanos y, a partir de allí, surgieron los vínculos con su Cristian Gabriel y con Víctor Mario Sosa, quienes -según la acusación- "se estructuran y organizan para facilitar el transporte y paso de soja y/o maíz al Estado Plurinacional de Bolivia".

Las intervenciones telefónicas permitieron además la reconstrucción de las maniobras y la localización de los depósitos donde se descargaban los camiones antes de cruzar la frontera.

De acuerdo con las tareas de inteligencia criminal, los choferes, bajo la coordinación de Sosa, eran contratados por Hugo Llanos y/o Cristian Gabriel Llanos, y se encargaban de transportar la mercadería desde los campos, en diversos puntos del país, muchas veces con diversas irregularidades en la documentación o directamente sin ella, y ofreciendo dádivas a las fuerzas policiales para hacer llegar la mercadería hacia la ciudad de Salvador Mazza. Allí era descargada en los depósitos de Hugo Llanos y era embolsada para luego ser transportada en camiones más chicos.

Lo logística de la organización incluía la custodia y la vigilancia de los camiones y el control de la cantidad de granos, que en la mayoría de los casos excedía el máximo permitido por camión.