Caso Thiago: denuncian "abandono" del estado y Primera Infancia salió al cruce

Hugo Altamirano, padre de Thiago, el niño de dos años asesinado esta semana en la zona sudeste de Salta, expresó su profundo dolor tras la detención de los dos imputados por el homicidio, la madre del menor y su pareja. En medio de la investigación judicial, el hombre denunció una situación de “injusticia” personal y afirmó que no pudo tener contacto con su hijo en los últimos meses.

“Es una completa injusticia en la que vengo viviendo porque desde denuncia falsa a restricciones y ahora que no me quiera andar a mi hijo por tenerme a mí como violento”, manifestó Altamirano, quien aseguró sentirse afectado por las medidas judiciales en su contra. “No me lo quieren dar por violento, pero yo no soy violento. Me denunciaron injustamente, falsamente”, agregó.

Durante una protesta que encabezó la mañana del viernes, fue consultado sobre su vínculo con el niño y el padre señaló que no pudo verlo en los últimos tiempos. En relación a la causa por el asesinato de Thiago, Altamirano apuntó directamente contra los imputados. “Los dos son los culpables, Franco Funes y Milagro Medina, ellos dos son los culpables”, sostuvo, al tiempo que cuestionó las versiones que se conocieron en el expediente judicial.

El padre también afirmó que no tuvo comunicación con organismos del Estado tras lo ocurrido. “No tuve ninguna reunión ni me habló nadie”, señaló, y describió una situación de “abandono” institucional. “Siento un completo abandono”, expresó.

En ese sentido, pidió intervención directa de las autoridades provinciales. “Le pido por favor al señor gobernador Sáenz que me ayude en esta causa”, manifestó Altamirano, quien reclamó acompañamiento en el proceso judicial y en la situación de su otro hijo, Tobías, quien actualmente se encuentra bajo resguardo institucional.

Comunicado de Primera Infancia

Ante las acusaciones, la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social emitió un comunicado y expresó "su profundo pesar por lo ocurrido". 

En el extenso comunicado, detalló que "desde el primer momento en que se tomó conocimiento del hecho, la Secretaría, a cargo de la Dra. Carina Iradi, intervino de manera inmediata en articulación con los organismos judiciales y administrativos competentes, en el marco de las facultades que establece la Ley Nacional N.º 26.061 y la Ley Provincial N.º 7.970 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes".

Aunque aclaró que "las circunstancias que derivaron en el fallecimiento del niño son materia de investigación judicial, encontrándose la causa bajo intervención del Ministerio Público Fiscal y a la espera de los resultados periciales correspondientes", indicó que "el pasado 25 de junio, la fiscalía interviniente emitió un comunicado dando a conocer cuál sería la mecánica del fallecimiento y cual sería el presunto autor  responsable del aberrante hecho, informando luego de la audiencia de imputación  del delito de homicidio agravado por alevosía y realizadas las primeras tareas investigativas; un hombre de 32 años habría provocado la muerte del niño con una maniobra de asfixia y sofocación, mientras la madre habría salido a comprar comida, detalle informado por la Policía de la Provincia. Por tal motivo, esta Secretaría mantiene absoluto respeto por el proceso judicial en curso y colabora con toda la información que le es requerida".

En este sentido, señaló que "existían numerosas actuaciones previas vinculadas a situaciones de conflictividad familiar y violencia entre los progenitores, las cuales eran abordadas por equipos técnicos especializados mediante un acompañamiento permanente y coordinado con los organismos judiciales competentes".

En el caso de la madre, detalló la Secretaría de Niñez y Familia, "quien se encontraba incorporada al Programa de Acompañamiento al Egreso, se desarrollaba un seguimiento territorial continuo por parte de una referente técnica, con visitas semanales, acompañamiento social y acciones destinadas a fortalecer su proyecto de vida y el ejercicio responsable de la crianza. Paralelamente, se trabajaba para sostener su trayectoria educativa, facilitar el acceso de los niños a un Centro de Primera Infancia, promover tratamientos psicológicos para ambos progenitores y fortalecer las condiciones de cuidado familiar".

Asimismo, garantizó que "impulsó instancias de articulación entre ambos progenitores para organizar un régimen de comunicación y responsabilidades parentales compatible con las medidas cautelares vigentes, procurando siempre resguardar el interés superior de los niños" y reveló que "el progenitor fue citado en reiteradas oportunidades por los equipos técnicos, registrándose inasistencias a las convocatorias efectuadas".

También remarcó que "durante el proceso de intervención, los equipos técnicos tomaron conocimiento de nuevas denuncias y medidas cautelares dispuestas por la Justicia vinculadas a presuntas lesiones detectadas en los niños, circunstancias que fueron inmediatamente puestas en conocimiento de los organismos competentes y motivaron la adecuación de las estrategias de intervención conforme a las resoluciones judiciales vigentes" y recordó que "se dispuso desde la justicia prohibición de acercamiento del progenitor hacia la progenitora y los niños por tres meses, venciendo a fines de mayo la prohibición de acercamiento hacia los niños, pero encontrándose vigente la prohibición de acercamiento hacia la madre. Y ante nuevas denuncias realizadas por el progenitor y los abuelos paternos hacia la madre, la Justicia ordenó entre otras medidas un seguimiento diario por la policía realizado desde el día 14 de Junio hasta el 22 de junio inclusive, no arrojando ningún indicador de violencia de la progenitora hacia sus niños". 

Las actuaciones después de la muerte de Thiago

Luego del fallecimiento de Thiago, y en función de los indicadores de riesgo existentes, la Secretaría aseguró que "dispuso como medida excepcional de protección el ingreso transitorio de su hermano menor a un dispositivo de cuidado alternativo, con el único objetivo de preservar su integridad física y emocional, tomando en cuenta los vastos antecedentes preexistentes en la causa además de la negativa del progenitor en reiteradas oportunidades de comparecer para las entrevistas durante el mes de junio, lo días 08,09, 10 y 13 y de la reiterada trasgresión  a la prohibición de acercamiento a la madre. Todo ello siendo evaluados como indicadores de riesgo".

A la fecha -remarcó la secretaría de Estado- la medida de protección excepcional de resguardo institucional del niño ya se encuentra bajo el control de legalidad de la Juzgado de Familia 3 con intervención de la Asesoría de Incapaces 5, iniciando así un nuevo proceso para revaluar al entorno familiar y procurar restituir los derechos del niño de 10 meses.

Por último, la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia "reafirma que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente al principio del interés superior del niño, priorizando siempre la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes".