La medida responde a la situación epidemiológica en Bolivia, donde se han confirmado cerca de un centenar de casos y al movimiento migratorio constante en la zona de frontera.
Docentes presentaron un amparo contra la restitución de Ganancias
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) presentó una acción de amparo para que se declare inconsitucional la Ley 27.743 que reimpone el pago de Ganancias.
Salta
La CTERA presentó un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.743, que restablece el Impuesto a las Ganancias, dejando a su vez sin efecto la legislación anterior a septiembre de 2023, cuando se derogó la cuarta categoría del tributo.
Desde la entidad gremial, remarcaron que la vuelta de Ganancias, “nuevamente impone en perjuicio de los trabajadores docentes el pago del denominado Impuesto a las Ganancias”, y aclaró que la acción judicial, “ reclama la inconstitucionalidad de la normativa que impone el pago de ganancias a los trabajadores a partir de un mínimo no imponible de $ 1.800.000 para el trabajador/a soltero y de $ 2.340.000 para el/la docente con dos (2) hijos”, indicó la CTERA en un comunicado de prensa.
En esa línea, la Confederación consideró que el calculo sobre el cual se reestablece el impuesto, “es un guarismo claramente absurdo y arbitrario a poco que se tenga en consideración que la Canasta Básica Total (linea de pobreza en pesos) en junio asciende a la suma de $875.000 para una familia tipo”, criticó la organización.
Por otra parte, la presentación judicial busca también, “la derogación arbitraria de los rubros deducibles del pago del impuesto, tales como el de material didáctico, conectividad, ruralidad, y gastos de movilidad, entre otros”, informaron desde CTERA.
La organización que conduce Sonia Alesso resaltó que el accionar del gobierno de Javier Milei, “se inscribe en la ofensiva enderezada a intentar la destrucción de la educación –que no conseguirán- provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente” y el no pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la supresión del Fondo Compensador Salarial, la eliminación de la conectividad para maestras y maestros, la supresión del programa Conectar Igualdad y el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas de desfinanciamiento de la Educación Pública.
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