Comenzó el juicio contra la “banda de contadores” por asociación ilícita

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta inició el juicio al contador público Héctor Luis Palópoli, el comerciante Arnaldo Nelson Roldán y el carpintero Christian Marcelo Jardín, quienes llegaron a esta instancia acusados por el delito de asociación ilícita tributaria, en grado de coautores, luego de una investigación en la que se recabó evidencia que los vincula con “usinas” de facturación apócrifa que permitía a diferentes empresas evadir el pago de sus obligaciones por los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.

En presentación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal general a cargo del área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, y la auxiliar fiscal, Soledad Cabezas, mientras que, en calidad de querellante, lo hace la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), representada por el abogado Ignacio Segon.

Previo al debate a cargo de la jueza Gabriela Catalano (presidenta) y de sus colegas Domingo Batule y Alejandra Cataldi, el tribunal analizó en una audiencia de homologación de acuerdo la presentación de una propuesta de juicio abreviado presentada por la fiscalía respecto a Alfredo Eduardo Camacho, de profesión gestor, también imputado en la misma causa.

El acuerdo, cuyos términos fueron expuestos por el fiscal, fue consentido por la defensa y el acusado, quien reconoció su responsabilidad penal en los hechos —la fiscalía lo acusó por reclutar personas de bajos recursos para inscribirlas como contribuyentes—, con lo cual el tribunal lo dio por homologado y condenó a Camacho como miembro de una asociación ilícita fiscal a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En su inicio, el caso fue investigado por el fiscal federal Ricardo Toranzos y luego el fiscal Amad avanzó con la causa hasta su elevación a juicio. Los hechos investigados surgieron a partir de una denuncia radicada en mayo de 2017 por la División Investigación de la Dirección Regional Salta de la exAFIP, que encendió la alerta al verificar la existencia de personas que emitían facturas electrónicas de importes relevantes.

El organismo fiscal había detectado a nueve contribuyentes que, entre los periodos 2016 y 2017, emitieron facturas electrónicas por un monto total de $143.701.499 y con un importe de IVA facturado de $24.772.903.

En el caso llamó la atención que los nueve contribuyentes utilizaron una misma dirección electrónica (IP) para la emisión de facturas que fueron usadas por 134 empresas, 86 de ellas inscriptas en la exAFIP, lo que representaba al 47% del volumen facturado.

La fiscalía identificó a los nueve contribuyentes y marcó que su rol en la maniobra fue a modo de “usinas” generadoras de facturas falsas. En ese marco se comprobó también que todos ellos habían delegado a Palópoli el servicio de “Comprobantes en línea” para la emisión de facturas electrónicas.

Asimismo, se estableció que, desde el domicilio de Camacho, se emitieron facturas para las usinas de tres de los nueve contribuyentes. Puntualmente se descubrió que Palópoli facturó un importe total de IVA de $9.918.917 y Camacho de $6.146.176, y que “dichos instrumentos fueron vendidos a usuarios (empresas) para su utilización contable”.

“Así se pudo determinar la actuación desplegada en la asociación por los nombrados, quienes proveían de facturas apócrifas a terceros contribuyentes, mediante la utilización de personas que les cedían sus datos CUIT y clave fiscal, con la finalidad de comercializar el crédito fiscal facturado por ellos, a cambio de un precio o promesa de dinero”, señaló la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio.