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Acuerdan acciones sobre personas privadas de libertad en Salta
El acuerdo se formalizó ante la Corte de Justicia durante la audiencia convocada en virtud de la causa iniciada por el Comité para la Prevención de la Tortura en Salta.
Salta
La Provincia de Salta y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes comparecieron esta mañana ante la Corte de Justicia, en una audiencia de partes que abordó la situación de las personas detenidas en dependencias policiales y carcelarias provinciales.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, en el marco de la causa “Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta vs. Provincia de Salta - Hábeas Corpus”.
Durante la sesión, las partes destacaron la importancia de esta audiencia como un espacio propicio para el diálogo y la conciliación. En ese marco, reconocieron la urgente necesidad de intervenir y coordinar esfuerzos para abordar la compleja situación que atraviesan las personas privadas de libertad en la provincia.
Para ello se resolvió trabajar en un acuerdo que será presentado ante la Corte de Justicia el próximo 25 de marzo, tras consensuar plazos específicos para el cumplimiento de cada uno de sus puntos.
El acuerdo, en concreto, establece la creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional, que estará compuesta por tres comisiones destinadas a tratar de manera integral y coordinada temas cruciales. Las comisiones se encargarán de:
1. la planificación e infraestructura del sistema carcelario;
2. el cumplimiento de normativa sobre el tratamiento de personas alojadas en comisarías y la planificación de su traslado a dependencias carcelarias; y
3. la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar la gestión del Servicio Penitenciario.
La primera comisión se enfocará en la revisión y mejora de las instalaciones carcelarias existentes, así como en la planificación de nuevas unidades penitenciarias.
La segunda comisión se centrará en garantizar un trato digno para las personas detenidas, abordando aspectos fundamentales como la atención médica, alimentación, visitas, higiene personal y educación, entre otras. Asimismo, se coordinará el traslado inmediato de algunas de estas personas a instalaciones del Servicio Penitenciario y se evaluará el traslado progresivo de otras en función de las condiciones de infraestructura y servicios disponibles. Se trabajará también en la inhabilitación de las Comisarías Nº 3 y 4 de Tartagal para el alojamiento de condenados.
Por último, la comisión dedicada a la implementación de tecnología explorará estrategias innovadoras que permitan mejorar la gestión penitenciaria, agilizar los procesos judiciales y ofrecer alternativas al encarcelamiento, asegurando la trazabilidad de los datos generados por los organismos involucrados.
La audiencia fue encabezada por la presidenta del Tribunal, Teresa Ovejero Cornejo; el vicepresidente primero, Fabián Vittar; la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo; las juezas de Corte, María Alejandra Gauffin y María Edit Nallim; y los jueces de Corte, Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Pablo López Viñals y José Gabriel Chibán.
En representación del Poder Ejecutivo provincial participaron el Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, y el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, quienes fueron acompañados por funcionarios de áreas específicas y asesores.
Además por el Ministerio Público de la Defensa participaron el Defensor Oficial Penal Nº 1 del Distrito Judicial del Centro, Federico Gutiérrez; el Coordinador del Área Penal de la Defensoría General, Jorge Musa; y el Abogado del Área Penal también de la Defensoría General, Alberto Daud. Por el Ministerio Público Fiscal, intervino el Fiscal ante la Corte Nº 1, Eduardo Sylvester.
Por el Comité Provincial estuvieron presentes el Presidente, Rodrigo Solá; el Vicepresidente, Ramón Corregidor; los comisionados Cristina Cobos y Andrés Giordamachi; la Secretaria Ejecutiva, María Castillo; y la asesora legal, Tania Kiriaco.
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