
Un hombre y una mujer resultaron heridos luego de que una persona efectuara numerosos disparos con un arma de fuego en contra del vehículo en el que se desplazaban junto a otras dos personas.
Las hermanas son oriundas de Tartagal y están acusadas de vender donaciones que había juntado una fundación de Santa Fe para comunidades originarias y retener otras para campaña política.
PolicialesEl fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Rosa Fabiola Díaz como autora de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta de bienes ajenos en concurso real y contra su hermana, Alejandra Paola Díaz como coautora del delito de administración fraudulenta de bienes ajenos en concurso real.
La audiencia unipersonal es presidida por el juez Aníbal Burgos y según lo previsto, se extenderá hasta el próximo viernes 9. Se encuentran citados alrededor de 80 testigos y las jornadas serán durante la mañana y la tarde.
Las actuaciones de la Fiscalía iniciaron a partir de la denuncia radicada por Sandra Díaz, de donde surgió que las denunciadas, Rosa Díaz y Paola Díaz, almacenaban en el inmueble que era de su madre, diversos bienes que habían sido donados el año anterior por la Fundación Nobles, de la provincia de Santa Fe.
Tanto la colecta de los bienes como su traslado a la ciudad de Tartagal estuvieron a cargo de los responsables de la Fundación, quienes a su vez, se contactaron al grupo denominado “Corazones Solidarios” -integrado por las hermanas Díaz- para que colaboraran con la logística de entrega a sus destinatarios, que eran los integrantes de comunidades originarias de la zona.
Sandra Díaz denunció que algunos de los bienes donados fueron vendidos, y que Rosa Díaz le anticipó que “la mercadería que estaba guardada era para cuando Paola se postule para diputada”.
En consecuencia, los datos colectados (informes policiales y fotográficos, actas de procedimientos y de inventarios, de secuestros del allanamiento, registros domiciliarios, notas manuscritas por diversos caciques de comunidades y numerosas declaraciones testimoniales), indican que una parte de las donaciones recibidas nunca fueron entregadas a sus destinatarios -las comunidades-, y que esos bienes fueron dejados en el inmueble de la familia de las imputadas Rosa Díaz y Paola Díaz un año antes de su secuestro por orden judicial.
De las declaraciones testimoniales, también surgió que parte de las donaciones fue vendida, mientras que otra parte permanecía guardada, con la intención de ser utilizada en una eventual campaña electoral de Paola Díaz. Surgió también de la investigación que tanto Rosa Díaz como Paola Díaz actuaban de manera conjunta en decisiones adoptadas respecto del destino de los bienes donados. Se determinó asimismo que ambas, no solamente estaban al tanto de que su madre, Zulema Hurtado, vendía prendas y calzados provenientes de dichas donaciones, sino que también percibían el dinero producto de esas ventas.
En relación a la acusación contra Rosa Fabiola Díaz por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, inicia a partir de la denuncia realizada por el entonces Defensor General, Pedro García Castiella, en relación a la Defensoría Oficial Civil 1 de Tartagal. En dicha presentación se indicaron los hechos, donde se presume la mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de su titular, toda vez que se advirtieron una cantidad desmedida de trámites pendientes de inicio y en otros casos, de abandono o una inacción, que se traduce en una ausencia de respuesta a sus asistidos.
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