
Por malversación de fondos, la justicia lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sólo deberá cumplir reglas de conducta.
A minutos de comenzar la audiencia contra Cositorto y sus socios en la causa “Generación Zoe”, el debate quedó suspendido por un cambio de abogado.
SaltaEn el Salón de Grandes Juicios estaba previsto que este jueves comience la audiencia de debate seguida contra Nelson Leonardo Cositorto, acusados como coautor de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real pero, finalmente, quedó suspendido.
El líder de la financiera Generación Zoe está imputado por ambos delitos junto a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz pero a minutos del inicio del juicio quedó suspendido porque Cositorto cambió el defensor oficial por un abogado particular.
El tribunal integrado por los jueces Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales) decidió postergar el jucio y comenzaría el 4 de junio.
Según consta en la causa, la financiera Generación Zoe -que tenía sede en Salta- comenzó a ser investigada en 2022 a partir de múltiples denuncias de ahorristas que aseguraban haber sido estafados.
Se logró determinar que Cositorto lideraba una empresa que operaba a través de un esquema fraudulento: atraía inversores con la promesa de una rentabilidad muy elevada: entre el 7,5% y el 10 % mensual, alcanzando el 120 % anual. Pero la ganancia prometida no procedía de las actividades financieras y comerciales que promocionaba Generación Zoe, sino de los fondos frescos depositados por nuevos inversores.
Por malversación de fondos, la justicia lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sólo deberá cumplir reglas de conducta.
En redes sociales, el Gobernador de Salta insistió en la “necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”.
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