
El fiscal penal Gabriel González dio a conocer los resultados del informe preliminar de la autopsia del cuerpo del ex jefe policial. Continúa la investigación.
En otra audiencia del juicio quen investiga una red narco conformada por guradiacarceles e internos, un testigo contó que pagó por beneficios y hasta le pidieron dólares para "agilizar" su causa.
PolicialesEn el Salón de Grandes Juicios se desarrolló una nueva jornada de la audiencia de debate contra veinte personas imputadas como miembros de una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1.
La recepción de pruebas testimoniales continuó con la comparecencia –entre otros-de un testigo privado de su libertad, ex interno de la Unidad Carcelaria 1, actualmente alojado en el penal de Orán.
El sujeto - ingeniero agrónomo y empresario- solicitó al tribunal garantías para preservar su integridad física debido a que se siente amenazado. Finalizada su comparecencia, los jueces ordenaron que permanezca aislado hasta tanto se tramite su traslado a un lugar seguro.
En su declaración, habló del pago que realizó a uno de los imputados (jefe de pabellón) para ser trasladado a un sector del penal más seguro. Señaló que su hermano se encontró con el agente penitenciario personalmente en El Tipal y le entregó los 50 mil pesos exigidos. Dijo que también le entregó vales a este funcionario para que retirara madera de su empresa a modo de donación.
Refirió que luego comenzaron a pedirle dinero a cambio de otros beneficios. Mencionó que incluso se presentaron en la unidad carcelaria personas que le ofrecieron semilibertad en dos semanas, domiciliaria en dos meses y libertad condicional en tiempo y forma a cambio de 3 mil dólares. Le aseguraron que trabajan con el juez que manejaba todo en el ámbito correccional y que por eso podían darle esos beneficios. Como él terminó rechazando la propuesta, resultó amenazado.
En su declaración, el interno también hizo referencia a la actitud de dos psicólogos y de un exdirector de la Unidad Carcelaria 1 que desoyeron su pedido de ayuda cuando les contó que habían querido extorsionarlo y que había sido amenazado de muerte.
El testigo confirmó por otro lado que sabía que uno de sus compañeros de prisión le pagaba a un jefe del penal (imputado) para que le llevaran pizzas y marihuana.
Tras estas manifestaciones y por encontrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública, el tribunal ordenó sacar copias de las actas y remitir las mismas a la fiscalía correspondiente para que se evalúe el posible inicio de una investigación.
Durante la jornada también compareció un interno que en una de las filmaciones aportadas como prueba aparece recibiendo unas cajas con pizzas de manos de un funcionario del penal. Dijo que se las habían llevado sus familiares al área de Atención al ciudadano y que no sabía cómo habían llegado al pabellón. Sostuvo que si bien los internos no tienen permitido recibir paquetes por esa vía, él había sido autorizado por el encargado y que, a cambio, tenía que dejar unas pizzas para que coman los fajineros.
Finalmente, al término de la audiencia, volvió a sentarse ante el tribunal al testigo que ayer había quedado demorado por su reticencia a declarar. El sujeto persistió en su actitud. Ante esto, la Unidad fiscal solicitó que se ordenara su detención y que se remitan las actuaciones del caso a la fiscalía de turno para que se lo impute por falso testimonio producido en una audiencia de debate.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
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