En los cerros de San Lorenzo ya trabaja peritos que envío Nación. El cuerpo del excomisario permanecerá en el CIF, con la conformidad de su familia, hasta que concluyan todas las pericias.
Venta de drogas en la cárcel: Un testigo habló de pagos para beneficios
La causa se inició tras denuncias anónimas en la Fiscalía de Derechos Humanos que señalaban que personal del penal de Villa Las Rosas exigía sobornos a cambio de beneficios para internos.
Policiales
En la décimo octava jornada de la audiencia de debate del juicio seguido contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta y otros imputados, se continuó con la recepción de pruebas testimoniales.
La acusación está representada por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, junto a los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Durante la jornada, entre otros testigos, prestó declaración un interno del Servicio Penitenciario, cuya identidad se mantiene reservada y quien se encuentra protegido en la Unidad 16 de Cerrillos. El testigo relató con detalle cómo, para lograr su libertad, debió realizar una serie de pagos bajo distintas modalidades.
Primero, explicó que pagó para que le aumentaran los puntos de concepto, pasando de 0-0 a 10-9, lo cual implicaba una mejora en su calificación interna.
Luego, indicó que su padre tuvo que pagar para que pudiera acceder a beneficios extramuros, es decir, permisos para salir del penal en ciertas condiciones. Posteriormente, también efectuó pagos para obtener el beneficio de ser trasladado a la Granja Penal, un régimen de semilibertad.
El testigo señaló que todos estos desembolsos se hicieron a cambio de facilidades y privilegios dentro del sistema, y que incluso abonaba con carne proveniente del negocio familiar, lo que le generó una deuda que luego tuvo que devolver a su familia, afectando su situación personal.
Cabe recordar que son veinte los imputados en este juicio. Los funcionarios penitenciarios enfrentan cargos por exacciones ilegales agravadas (concusión), comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, cometida en un lugar de detención y por funcionarios encargados de la guarda de presos, así como asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Por su parte, los demás involucrados —internos y familiares— están acusados por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, también en concurso real.
El tribunal que lleva adelante el proceso está conformado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.
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