
La Justicia Federal de Salta condenó al líder y su pareja como jefes de la asociación ilícita, tres hijos de ella y uno de los yernos. El clan comenzó a operar en 2011 con transportes de 100 a 200 kilos de drogas.
Tras casi un mes de audiencias, el Tribunal dará a conocer la sentencia en el proceso que involucra a funcionarios penitenciarios, internos y familiares acusados por narcotráfico, asociación ilícita y exacciones ilegales.
Policiales


La megacausa que investiga una red de narco y corrupción en el penal de Villa Las Rosas llegará a su etapa final el jueves 9 de octubre, cuando el Tribunal de Juicio dicte sentencia.


Ese día, a partir de las 8.30, los acusados podrán pronunciar sus últimas palabras ante los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, y a las 13.30 se dará lectura al veredicto.
El proceso judicial -que ya lleva 28 jornadas de audiencias- tiene a 19 personas en el banquillo, entre ellas funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares.
Los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, junto al procurador general Pedro García Castiella, sostuvieron la acusación, mientras que las defensas cerraron esta semana con sus contrarréplicas.
Entre los principales acusados se encuentran los penitenciarios Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Marcos Matías Bucotich García, Raúl Antonio Arjona y José Luis Alarcón, quienes enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes agravada y exacciones ilegales agravadas (concusión).
A ellos se suman Luis Roberto Castaño, señalado por narcotráfico agravado y otros funcionarios como Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás. Este último también fue acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, Baldomero Darío Córdoba fue señalado como partícipe necesario en hechos de concusión.
Asociación ilícita y narcotráfico en la cárcel
La Fiscalía sostiene que los acusados integraban una asociación ilícita que operaba dentro del penal para comercializar drogas y exigir beneficios indebidos a internos y familiares.
Junto a los funcionarios, también están imputados Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores, todos por comercialización de estupefacientes agravada en concurso con asociación ilícita.
En tanto, Andrea Abigail Alba enfrenta cargos por tenencia simple de estupefacientes, mientras que respecto a Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la Fiscalía retiró la acusación.

La Justicia Federal de Salta condenó al líder y su pareja como jefes de la asociación ilícita, tres hijos de ella y uno de los yernos. El clan comenzó a operar en 2011 con transportes de 100 a 200 kilos de drogas.

Lino Abdemar Moreno cumplía prisión perpetua en Orán cuando en junio de 2023 aprovechó una salida transitoriia que le autirizó un ahora exjuez y no volvió. La esposa se cansó de esperarlo y pidió el divorcio.

En barrio Caballito, Orán, un hombre fue asesinado en una ingesta alcohólica. En la misión Vitiche de Tartagal, un originario fue ultimado de un escopetazo.

El agresor amenazó con un arma blanca al personal y fue detenido por la policía tras intentar recuperar la mercadería incautada.

Se trata de Héctor David Romero, el hombre de 71 años imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía. El tribunal ordenó que la investigación continúe hasta que se agoten todas las instancias.

Se trata de un menor de 17 años, quien falleció el pasado 20 de octubre en el hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, por una falla multiorgánica– shock séptico.





La Secretaría de Energía de la Nación dispuso una suba del precio mayorista en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y ordenó al ente regulador trasladar el ajuste a las facturas de todos los usuarios.

También se busca evitar la comercialización en la vía pública, algo que está prohibido. Personal municipal trabaja arduamente durante todo el día, con recorridos y controles a locales de toda el ejido municipal.

“Se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal.



